Guillermo Abad, de Justicia Vial, llegó ayer a la Fiscalía General con dos abultadas carpetas en la mano.Contenían las pruebas de las supuestas anomalías que se dieron en la concesión de rutas y frecuencias de transporte público. También en la entrega de títulos de choferes profesionales, en varias provincias. La documentación fue entregada al fiscal subrogante, Alfredo Alvear. Según Abad, el pasado 25 de noviembre se pidió a Ricardo Antón, director del Consejo Nacional de Tránsito, que se anule la entrega de licencias por supuestas irregularidades. Abad dijo que se detectó que hay choferes que sin asistir a los cursos recibirán las licencias. “Antes se pagaba USD 500 ahora es USD 3 000”. La mayoría, expresó, habría sido emitida por los sindicatos de Choferes de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Pichincha. Se conoció que por este hecho, un dirigente de Pichincha fue detenido, hace un mes y medio. Por ello pidió a la Fiscalía que intervenga. Abad cree que la indagación debería extenderse también a las escuelas de conducción del país. Sobre la presunta entrega irregular de rutas y frecuencias a cooperativas de transporte público, el titular de Justicia Vial aseguró que “la venta de puesto dejó un perjuicio para el Estado de más de USD 400 millones”.Para el 7 de agosto próximo está previsto el inicio de una reestructuración de las frecuencias y cupos de las cooperativas de transporte en el país. Alfredo Alvear acogió la denuncias y se comprometió a abrir indagación previa para esclarecer las denuncias. De su parte Antón, manifestó que no podría dar un pronunciamiento sobre las supuestas irregularidades en la entrega de licencias. “Hay una investigación en la Contraloría y mal haría en adelantar criterios”.