Familiares de Édgar Yucailla y representantes de la comunidad de Guamote (Chimborazo) llegaron a Quito para pedir celeridad en la investigaciones de la Fiscalía. Foto: Twitter de la Defensoría del Pueblo
La muerte de Édgar Yucailla debe ser investigada. Ese es el pedido que hicieron, este lunes 3 de febrero del 2020, los familiares del joven, de 32 años, oriundo del cantón Guamote, Chimborazo, Sierra centro de Ecuador.
Yucailla murió la noche del 29 de octubre del 2019, impactado por un proyectil el 12 de octubre, en las inmediaciones del parque El Arbolito de Quito, donde se desarrollaban protestas en contra del Gobierno por la vigencia del Decreto 883, que elevó por 12 días los precios del diésel y la gasolina extra.
“Estuvo 17 días convaleciente y murió por los perdigones incrustados en su cabeza”, dijo Defín Buelva, abogado de la familia, este lunes 3 de febrero.
El jurista revela que aún no tiene los protocolos de autopsia, porque el caso se encuentra en la fase de investigación reservada y que una vez la Fiscalía avance con la investigación se confirmará cómo fue la muerte.
Los parientes llegaron este lunes a la Fiscalía para exigir celeridad en las investigaciones. Realizaron un plantón y también acompañaron a tres indígenas del cantón Guamote que acudieron para entregar sus versiones.
En la Fiscalía se encuentra abierta una investigación por asesinato y ya se han señalado las primeras diligencias. Hasta el momento han sido llamados a declarar amigos de la víctima y policías que participaron en operaciones antimotines durante las protestas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) confirmó el fallecimiento de Yucailla, quien fue sepultado el 1 de noviembre en el cementerio de la comunidad de Sablog, en la provincia de Chimborazo.
Durante el plantón de este lunes, los allegados pidieron que se hicieran las pericias para confirmar que hubo perdigones en el cuerpo del dirigente indígena.
Asimismo, familiares y representantes de la comunidad a la que pertenecía Édgar Yucailla acudieron a la Defensoría del Pueblo. Este organismo creó una Comisión de la Verdad y Justicia para investigar lo ocurrido con los derechos humanos durante el paro; en marzo entregará un informe.