Tres personas fueron procesadas penalmente en el caso Furukawa

La Fiscalía formuló cargos contra tres personas por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el caso Furukawa.  

La audiencia se desarrolló este jueves 28 de octubre del 2021, en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

La jueza Susana Sotomayor otorgó medidas alternativas a la prisión para los tres imputados. Ellos tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.  

Además, la magistrada ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles a nombre de la empresa Furukawa.  

La Fiscalía informó que “como medidas de protección a favor de las víctimas, la jueza también dispuso la prohibición de concurrir a lugares donde se encuentren los afectados, evitar acercarse a los mismos y realizar actos de persecución o intimidación”.  

La fiscal del caso presentó a la magistrada alrededor de 120 elementos de convicción contra los procesados, que fueron recabados durante la investigación previa.  

Uno de esos indicios fue un informe presentado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía, Ese documento asegura que los trabajadores de Furukawa tenían “condiciones de vida, vivienda y trabajo indignos, precarios e inhumanos, lo que habría configurado una forma de servidumbre de la gleba, es decir una forma contemporánea de esclavitud”. 

Según las investigaciones, los trabajadores eran personas de entre 13 y 70 años. “En su mayoría eran campesinos, afrodescendientes y analfabetos, a quienes no se les proporcionaron equipos de trabajo, ropa, ni elementos de seguridad para el cumplimiento de sus labores”, indicó la fiscal. 

En cambio, los abogados de esta empresa niegan esas acusaciones. Aseguran que los trabajadores vivían bien, eran bien tratados, bien pagados, y tenían acceso a todos los servicios básicos. 

Furukawa es una empresa de capital japonés que se estableció en Santo Domingo de los Tsáchilas en 1963. Se dedica al cultivo y procesamiento de abacá, una planta de la que se obtienen fibras vegetales muy resistentes, Este material es utilizado en la fabricación de papel y también es materia prima en las industrias textil y automotriz. 

En este caso, la investigación pública o instrucción fiscal durará 90 días. 

El pasado 19 de abril del 2021 un juez constitucional dispuso a esa empresa a que indemnice a 123 exempleados, que demandaron a la compañía por “las condiciones precarias en las que trabajaban y vivían".