Fiscalía asegura que exgerente de Petroecuador benefició a su familia con 140 contratos millonarios

Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue detenido enTumbaco la mañana del lunes 16 de abril del 2016. Foto. Paul Rivas/ EL COMERCIO

Tres empresas de la familia Bravo Pachano se habrían beneficiado de contratos de Petroecuador, durante el período en que Álex Bravo ocupó varios cargos y llegó a ser gerente, entre noviembre del 2015 y abril del 2016. Cada una de estas empresas: Multiservicios Valdo S.A., Nolimit C.A. y MMR GROUP IN, están relacionadas con hermanos, primos y amigos de Bravo.
La noche del lunes 16 de mayo del 2016, la Fiscalía presentó, en total, 21 evidencias entre contratos, memorandos e información de Superintendencia de Compañías y el IESS para detallar la relación entre Bravo, estas compañías y su familia.
Por ejemplo, entre las evidencias presentó dos contratos complementarios de modernización del sistema de sellado, planes API, renovación y UP grade de bombas y ejecución de servicios complementarios que se otorgó a la empresa Nolimit C.A. En esa empresa consta el nombre de un familiar con afiliación activa al Seguro Social. Otra evidencia fue el contrato 2014-054 entre el gerente de Petroecuador con la misma compañía, por un valor de USD 44 709 006,81.
Esa información se detalla en el acta de la audiencia a la que tuvo acceso este Diario. Según el fiscal del caso Franklin Bravo, en el 2014, el ex funcionario suscribió el memorando 52-2014 para el Gerente de Refinación en el que manifestó estar de acuerdo con el trabajo realizado por la fiscalización sobre este proceso y solicitó al Gerente de Refinación autorizar el trámite de emisión de Contrato Emergente para el suministro de bomba “para las unidades de Crudo 1 y Vacío 1 conforme al listado, presupuesto y cronograma de pago presentados por la contratista Nolimit C.A. con cargo a la declaratoria de emergencia declarada el 29 de noviembre del 2013”.
En total, suman 140 contratos entre Petroecuador y las empresas de los familiares de Bravo.
En la información que publicó EL COMERCIO se detalla que Bravo trabajó en esta petrolera pública desde el 2006. Y desde el 2012 estuvo en altos cargos relacionados con la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, donde fue responsable de proyectos por unos USD 1 058 millones.
Con esos elementos, ayer (16 de mayo) fue procesado por un supuesto tráfico de influencias, un delito que se sanciona con una pena entre 3 y 5 años de cárcel. Ahora se encuentra privado de la libertad y la jueza Fátima Llundo, que conoce su caso, ordenó la prohibición de enajenar sus bienes y el congelamiento de cuentas.