Este 16 de agosto del 2021 se instaló en la Corte Nacional la audiencia preparatoria de juicio en contra de la exasambleísta Nivea Vélez y una de sus colaboradoras. Ambas están procesadas por el presunto delito de concusión.
Según el Código Integral Penal (Art. 281) ese ilícito es sancionado con cárcel de tres a cinco años.
Según la investigación de Fiscalía, la exlegisladora se “aprovechó de su cargo” para solicitar dinero a sus subalternos.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, asegura que ella les pidió a sus colaboradores “aportes irregulares de sus remuneraciones mensuales por alrededor de USD 40 000”.
El delito que habría perpetrado entre 2009 y 2013, cuando Vélez se desempeñaba como asambleísta de Loja.
Según las pesquisas, el dinero habría sido destinado para sustentar los gastos de campaña del “Movimiento Convocatoria” de Loja.
La defensa de Vélez asegura que existe una persecución política en contra de su cliente. Además, sostiene que Fiscalía no tiene evidencias que demuestren que la exfuncionaria cometió el ilícito.
Por este proceso judicial, Vélez tiene prohibido salir del país, debe presentarse una vez por semana en la Corte Provincial de Loja. Además, tiene retenidas sus cuentas bancarias y tiene prohibido vender sus bienes.