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Información de mafias proveniente de fiscalías de Ecuador y Colombia quedará bajo reserva

Las delegaciones fiscales de Ecuador y Colombia se reu­nieron ayer en Quito.

Las delegaciones fiscales de Ecuador y Colombia se reu­nieron ayer en Quito.

Las delegaciones fiscales de Ecuador y Colombia se reu­nieron ayer en Quito. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Las fiscalías de Colombia y de Ecuador mantendrán bajo reserva las pruebas compartidas en casos de crimen organizado. La decisión es oficial desde el pasado jueves 14 de febrero de 2019, cuando los fiscales de ambas naciones firmaron un protocolo en ese sentido.

“Se mantendrá la confidencialidad sobre todo cuando se trate de brindar información para combatir a organizaciones criminales muy poderosas y peligrosas”, dijo el pasado jueves Néstor Humberto Martínez, fiscal general del vecino país.

El funcionario llegó a Quito para asistir a una reunión de trabajo en la Fiscalía General. En el encuentro participaron agentes de ambos países que manejan casos por narcotráfico, lavado de activos, delincuencia organizada, terrorismo, minería ilegal, corrupción, enriquecimiento ilícito, etc.

“Es indispensable mantener la reserva de este tipo de pruebas, para que no trascienda públicamente y pueda afectar a la integridad de los testigos protegidos y peritos”, agregó.

Para Xavier Andrade, docente en Derecho Penal, el mantener bajo sigilo datos sobre una investigación es una herramienta válida, siempre y cuando el objetivo sea proteger la investigación y a las personas involucradas como víctimas, testigos o expertos.

El penalista también es abogado de las familias de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, equipo de prensa secuestrado y asesinado en cautiverio por hombres liderados por alias ‘Guacho’, disidente de las FARC, ahora muerto.

Justamente en este caso, las Fiscalías de ambos países intercambiaron datos sobre la gente que participó en los crímenes. Del lado ecuatoriano, el material remitido se anexó a un expediente por el secuestro, que todavía se maneja bajo reserva. Pero también se incluyó en otra investigación relacionada con el ataque al comando de la Policía de San Lorenzo, en Esmeraldas.

Debido a que este último proceso ya estaba en la fase pública de investigación, los testimonios de quienes vieron el secuestro y el asesinato del equipo de prensa se hicieron públicos en el Ecuador. Con el protocolo firmado ayer, esto ya no ocurriría.

Para Andrade, una vez que el caso pasa a la fase pública, la reserva de la información termina. Sin embargo, dice que el riesgo es que se use esa confidencialidad para “encubrir delitos o impedir que las víctimas accedan a las pruebas”.

Juan Francisco Guerrero, docente en Derecho Constitucional, indica que el protocolo no puede violar la Constitución en donde se garantiza que las víctimas, sospechosos y sus abogados “podrán acceder a todos los documentos y actuaciones de procedimiento”.

Así consta en el artículo 76.7 literal d. Ese texto también indica que “los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley”.

Ayer, el fiscal Martínez recordó que hace un año entregó a Ecuador el listado de un centenar de bienes de las FARC que se encuentran aquí, ocultos a través de testaferros.

Se trata de propiedades en zonas urbanas, rurales, semovientes y vehícu­los que pertenecían al Bloque Sur de la extinta guerrilla.

“La Fiscalía de Ecuador identificó ya la propiedad de alguno de estos bienes y hemos pedido unas medidas cautelares para proceder con la extinción de dominio”, indicó.

Empero, en Ecuador no existe la figura de extinción de dominio, que sirve para incautar y declarar la propiedad de los bienes de origen ilegal a nombre del Estado.

En el encuentro bilateral, los fiscales colombianos y ecuatorianos también intercambiaron información de los bienes ilícitos del frente Óliver Sinisterra de alias ‘Guacho’.

La idea es “golpear las finanzas ilícitas” del grupo armado, que opera en la zona de frontera común, y al que se atribuyen también los asesinatos de Óscar Villacís y Katty Velasco y de nueve militares del Ejército ecuatoriano.

Entre tanto, en Bogotá, capital colombiana, las autoridades de esa nación capturaron a tres presuntos testaferros del exlíder guerrillero de las FARC Tomás Medina Caracas, alias ‘El Negro Acacio”.

Los medios informaron que los sospechosos habrían ocultado bienes y dinero por USD 3,1 millones. Las propiedades están en Bogotá y en los departamentos del Meta y Guaviare, en el centro sur de ese país.

Un informe de la Fiscalía colombiana, publicado en enero de este año, detalla que se han detectado 232 activos de las FARC fuera de Colombia en los que se utilizó dinero de narcotráfico, secuestro y minería ilegal.

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