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Nuevo ‘impasse’ entre Fiscalía y Dalo Bucaram por caso de Daniel S.

Un nuevo ‘impasse’ se registra entre la Fiscalía General del Estado y el excandidato presidencial, Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley. Foto: Archivo EL COMERCIO

Un nuevo ‘impasse’ se registra entre la Fiscalía General del Estado y el excandidato presidencial, Abdalá (Dalo) Bucaram Pulley. Esta vez por el recurso de hábeas corpus solicitado por la defensa de Daniel S., sentenciado en primera instancia por peculado, fraude procesal y delincuencia organizada. 

El punto de partida fue un comunicado de la Fiscalía en el cual informó que “su defensa intenta -mediante argucias- desconocer lo estipulado en el COIP, respecto a la prisión preventiva”. 

En el documento, difundido el 14 de enero del 2022, se indica que la defensa del implicado está a cargo de Bucaram Pulley y que, junto a otros abogados, aduce la caducidad de la prisión preventiva de su representado.  

“Intentando desconocer lo señalado en el artículo 541, numeral 3 del COIP: el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán los plazos”, se señaló. 

Finalmente se recordó que la Fiscalía -a través de la figura de amicuscuriae– acudió a la diligencia con todos los agentes fiscales que han conocido las causas en las que ha sido procesado y sentenciado Daniel S., con el objetivo de sustentar el trabajo objetivo y transparente efectuado por la institución. 

Ello generó la reacción de Bucaram Pulley. A través de su cuenta en Twitter se dirigió a la fiscal Diana Salazar. 

Señaló que no ha participado como abogado del implicado durante la audiencia de hábeas corpus. “Hoy como muchos juristas del país asistí en calidad de público, por lo que le solicito de la forma más respetuosa que aclare esta falsedad, diga que le muestren el escrito de autorización donde conste como abogado”. 

Finalmente, solicitó a la autoridad contrastar la información y a rectificar.  

A Salcedo se le dictaron 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal; y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al penal. 

En la audiencia telemática, realizada el 14 de enero, participaron todos los jueces y fiscales de cada uno de los casos en los que ha sido involucrado. Ellos le recordaron al tribunal que la defensa técnica del imputado se ha caracteriza por dilatar los procesos. 

La defensa dijo que la urgencia por sacar de la cárcel a Daniel S. se basa en el peligro que correría su vida. Este jueves mientras estudiaba en el patio del penal le habría llegado un correo electrónico con la amenaza. La audiencia se tiene previsto reinstalar este lunes 17 de enero a las 11:00.