En mayo policías y militares resguardaron la entrada al proyecto minero Río Blanco.
Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
La Fiscalía de Azuay abrió una indagación previa por sabotaje contra Yaku Pérez, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), y siete comuneros de la parroquia cuencana de Molleturo.
La investigación se da por una denuncia presentada por Santiago Correa, coordinador zonal 6 del Ministerio del Interior, por los hechos violentos registrados el 8 de mayo del 2018 en el campamento minero de Río Blanco, ubicado en la parte alta de la parroquia Molleturo.
En esos incidentes se prendió fuego a una parte del campamento y una maquinaria pesada. También se perdieron 2 500 tacos de dinamita y detonantes, de los cuales 500 ya han sido recuperados.
Las comparecencias se cumplirán entre el 20 y 21 de junio, a partir de las 14:00. Para Yaku Pérez, se trata de un desquite por parte del Estado y de la empresa china Ecuagoldming por conseguir –mediante fallo judicial- que paralicen las actividades mineras en Río Blanco, que es uno de los cinco proyectos considerados estratégicos del Gobierno Nacional.
