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Tres nuevos procesados por presunto peculado en caso Dhruv

Este miércoles 12 de enero del 2022 se realizó la audiencia de vinculación en el caso Dhruv. Foto: Corte Nacional

Fiscalía vinculó a tres personas más al proceso penal por presunto peculado en la compra de siete helicópteros Dhruv. Esto ocurrió este miércoles 12 de enero del 2022, durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia.    

En esa diligencia, el juez Luis Rivera prohibió a los tres nuevos procesados salir del país y dispuso que se presenten periódicamente ante una autoridad judicial. Además, ellos tienen prohibido vender sus bienes inmuebles por un monto equivalente a 500 salarios básicos.  

Los tres vinculados se suman a los 15 imputados en este proceso penal. Ahora el plazo de instrucción fiscal o investigación pública se amplía por 30 días más. 

El magistrado Rivera también indicó que continúa la prohibición de vender los tres helicópteros Dhruv que estaban operando. Las otras cuatro naves se accidentaron entre 2009 y 2015.  

Este caso se remonta al 5 de agosto del 2008. En esa fecha, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Junta de Defensa Nacional adquirieron siete helicópteros Dhruv por un monto superior a los USD 45 millones.  

Después de 13 años, la Fiscalía determinó que hubo presuntas irregularidades en esa compra y procesó a 15 personas por presunto peculado. Esa audiencia de formulación de cargos se realizó en octubre del 2021. 

En la lista de imputados hay dos exministros de Defensa de la época del correísmo, un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y otros militares en servicio pasivo.  

Sus defensas aseguran que las evidencias de Fiscalía no son “suficientes, claras ni precisas”. Sostienen además que sus defendidos no han cometido ningún delito.   

El artículo 257 del Código Penal, vigente cuando se habría perpetrado el supuesto ilícito, establece una pena de ocho a 12 años de cárcel por el delito de peculado. Esa misma norma impone una sentencia de hasta 16 años de prisión “si la infracción se refiere a fondos destinados a la defensa nacional”.  

La investigación previa por este caso se reabrió el 23 de diciembre del 2020 por pedido de la fiscal general, Diana Salazar.   

En el 2009, el entonces legislador Fausto Cobo presentó una denuncia por la adquisición de esas naves. En ese mismo año, la Fiscalía abrió una indagación previa.   

Siete años después, el fiscal general de ese entonces, Galo Chiriboga, desestimó la investigación y el 14 de abril de 2016 solicitó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia el archivo de la denuncia.  

 En ese momento aseguró que no existían elementos para iniciar una imputación penal y que además era necesario el informe de responsabilidad penal (IRP) de Contraloría para iniciar una imputación por peculado.   

Ese requisito del IRP fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019. Ese fue el argumento que utilizó la actual fiscal Salazar para pedir que se reabra el caso.