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Fiscalía allana la Prefectura de Pichincha en instrucción por protestas violentas

Agentes de la Policía y Fiscalía allanaron este 16 de octubre del 2019, las instalaciones de la Prefectura de Pichincha, en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

Agentes de la Policía y Fiscalía allanaron este 16 de octubre del 2019, las instalaciones de la Prefectura de Pichincha, en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

Agentes de la Policía y Fiscalía allanaron este 16 de octubre del 2019, las instalaciones de la Prefectura de Pichincha, en el norte de Quito. Foto: Twitter Fiscalía Ecuador

La Fiscalía General del Estado allanó la tarde del miércoles 16 de octubre del 2019 el edificio de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, dentro de la instrucción fiscal por supuesta rebelión contra la prefecta Paola Pabón, investigada por las violentas protestas de la semana pasada en la capital ecuatoriana.

La Fiscalía y Policía allanaron la sede de la Prefectura de Pichincha “como parte de la instrucción fiscal abierta por el delito de rebelión” a Pabón, mediante un operativo en el que intervinieron 11 fiscales, señaló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

De su lado, Pabón, quien se encuentra bajo una orden de prisión preventiva, ha negado los cargos y dijo que su detención obedece a una persecución política contra el autodenominado movimiento Revolución Ciudadana, que dirige el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

“En Ecuador no hay Estado de Derecho. La Prefecta de Pichincha ha sido condenada sin pruebas y sin el debido proceso. Esta cuenta transmitirá información sobre Paola Pabón, pero ya no podrá ser manejada por ella, pues se encuentra encarcelada“, se pudo leer en un mensaje en su perfil de Twitter.

El ingreso en prisión preventiva de Pabón fue dictado este martes por un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras haber sido detenida el lunes en un allanamiento a su domicilio practicado pocas horas después del fin de las violentas protestas sociales que se iniciaron el jueves 3 de octubre y concluyeron el domingo 13, tras un acuerdo entre el Gobierno y los movimientos indígenas.

Entre los indicios presentados por la Fiscalía está su posible participación “en un plan desestabilizador con financiamiento extranjero” y el “uso del edificio de la Prefectura para estos fines”.

En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en momentos en que el Ejecutivo achacaba los actos de violencia en las protestas a gente cercana a Correa.

El Gobierno ha señalado directamente al “correísmo” de instigar las violentas protestas que paralizaron Ecuador la semana pasada por la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas de austeridad económica adoptadas para recibir un crédito de más de USD 10 000 millones, 4 200 de ellos del FMI.

Las protestas, que terminaron el domingo con la derogación del Decreto 883, dejaron 8 muertos según la Defensoría del Pueblo, además de más de 1 300 heridos y más de mil detenidos.

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