La Fiscalía de Ecuador formalizó su acusación por supuesto peculado (malversación de fondos) contra el exvicepresidente correísta Jorge Glas.
Otras ocho personas también fueron acusadas por el caso de las obras de reconstrucción de Manabí realizadas tras el devastador terremoto de 2016, entre ellas el exministro Walter Solís, que cuenta con la condición de refugiado en México.
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La acusación de la Fiscalía se dio este viernes 14 de marzo, dentro de la audiencia preparatoria del juicio contra 9 procesados por supuesto #peculado, incluido el exvicepresidente Glas.
Glas tiene pendiente todavía de cumplir una pena de ocho años por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 y 2020. Ahora, se encuentra preso en La Roca. Esta es la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, después de que el año pasado fuese detenido dentro de la Embajada de México en Quito.
Su detención se produjo en la sede diplomática luego de que el Gobierno mexicano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le concediese asilo diplomático. Las autoridades de México lo consideran un perseguido político. Glas rechaza las acusaciones en su contra y denuncia ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Jorge Glas, a quien lo acusa la Fiscalía, lideró la construcción de Manabí
Glas fue uno de los hombres fuertes de la administración de Rafael Correa (2007-2017). Se refugió en la Embajada mexicana en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía iba a imputarlo, en el caso Reconstrucción de Manabí. Se mantuvo durante casi cuatro meses hasta el día que las fuerzas policiales ingresaron a la sede mexicana y lo sacaron a la fuerza.
El caso provocó una crisis diplomática entre Ecuador y México, que se han contra demandado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Se acusan mutuamente de haber violado convenios del derecho internacional.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno ecuatoriano mejorar la atención médica a Glas. Le pidió que fuera tanto física como mental ante temores de sus abogados de que pudiera intentar suicidarse. Además, estableció condiciones carcelarias que implicarían su traslado de La Roca a otra prisión.
Entre los otros ocho acusados por el Ministerio Público está el exministro Walter Solís, quien actualmente tiene estatus de refugiado en México, y su sucesor en el cargo, Boris Córdova.
De acuerdo con la Fiscalía, el dinero que se recaudó para la reconstrucción se destinó presuntamente a obras que no cumplían las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez. Eso derivó en un supuesto “abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas. Fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia”.
Fiscalía investiga la reconstrucción de Manabí y a Jorge Glas
El terremoto ocurrió el 16 de abril de 2016, con una magnitud 7,8 que sacudió la provincia de Manabí y el sur de su vecina Esmeraldas. Hubo más de 670 muertos, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales.
Fruto de esa emergencia se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Glas, con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia.
Para este propósito, el Gobierno recaudó más de 1 600 millones de dólares. Lo hizo a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto. Se destinaron donaciones y un 2% del IVA.
Así, se dio prioridad a 584 proyectos con un valor en conjunto de 367 millones de dólares. Pero, según la Fiscalía, “varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto”.
Los hoy vinculados supuestamente participaron, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos. Algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad”, sostiene el Ministerio Público.
La audiencia se suspendió la noche del viernes 14 de marzo y se reanudará otro día con los alegatos de defensa, antes de que el juez resuelva si lleva el caso a juicio.
