La vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, habló de la evaluación a los fiscales. Foto: EL COMERCIO
Un mes después de que la Judicatura anunciara que los 837 fiscales del país serán sometidos a una evaluación también se conocen las cifras sobre el personal sancionado.
Desde el 2015 hasta el 2019, 79 fiscales fueron destituidos por faltas gravísimas. A otros 150 se les suspendió 30 días sin sueldo. En total, en cinco años se abrieron expedientes disciplinarios que involucran a 229 agentes, es decir, en contra del 27% de todos los fiscales a escala nacional.
En este momento, el Consejo de la Judicatura (CJ) prepara el reglamento para la evaluación, en el que constará quiénes serán los evaluadores, el tiempo que tomará el proceso, qué temas serán medidos, etc.
La idea es depurar y sacar del sistema a quienes han fallado en sus tareas. Entre los funcionarios que ya han sido separados aparecen quienes han conocido expedientes relacionados con violación, trata de personas, robos y corrupción.
En el CJ reposan casos como el de una fiscal de Chimborazo, que fue destituida en agosto del 2019 luego de que se comprobara que en una audiencia de juicio no pidió la comparecencia del médico que realizó una pericia a una víctima de violación. Eso hizo que el Tribunal Penal ratificara la inocencia del procesado.
En el acta de sanción se detalla que la funcionaria cometió un acto de negligencia.
Existen otras cuatro causas para que un agente fiscal sea removido de su cargo: abandonar sin justificación su lugar de trabajo, no comparecer a audiencias programadas, divulgar información reservada de los expedientes judiciales y cometer errores durante las investigaciones penales.
En el 2018, una fiscal fue destituida en El Oro, pues durante la etapa de indagación no pudo recopilar suficientes evidencias contra un procesado por trata de personas. Se abstuvo de acusarlo y quedó libre.
La vocal del CJ, Maribel Barreno, quien estará al frente de la evaluación, indicó que este proceso es necesario, pues no se ha realizado desde el 2013.
Además, añadió que el “país requiere de fiscales probos, eficientes y comprometidos con su rol de investigadores de los distintos delitos”.
Está previsto que la valoración dure ocho meses.
La finalidad de este procedimiento es evitar que ocurran hechos como lo sucedido en el 2017. Un fiscal de Pichincha, encargado de investigar un caso de corrupción en Petroecuador, fue despedido.
Según la investigación que realizó el CJ, el agente se abstuvo de acusar a siete sospechosos de esa causa “sin tomar en cuenta la normativa penal y sin argumentar su decisión”.
En mayo del año pasado ocurrió otro caso en Quito. Un servidor fue separado, pues las indagaciones demostraron que habría pedido dinero en efectivo a un procesado por lavado de activos. La Judicatura dice que la coima fue entregada a cambio de no ser acusado.
“El servidor público habría infringido el principio de probidad y su deber de actuar con transparencia e imparcialidad”, dijo la presidenta del CJ María del Carmen Maldonado.
La fiscal General, Diana Salazar, indicó que “la corrupción es un mal que debemos combatir también puertas adentro, por eso creamos la Dirección de Transparencia de Gestión”.
El año pasado, esa unidad ya envió a la Judicatura 71 actuaciones de fiscales para que se inicie una investigación disciplinaria. De esos casos, 13 fueron removidos de sus funciones a escala nacional.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 77), desde el momento en que se les notifica por escrito, los agentes quedan inhabilitados. Es decir, no pueden ser nombrados en un cargo judicial.
En el 2019, la Judicatura también suspendió a 11 fiscales. Entre las razones están retardar de forma injustificada una investigación, no despachar de forma ágil las diligencias, agredir verbalmente o por escrito a los compañeros de trabajo, etc.
En el Código (artículo 108) se establece que el funcionario que incurra tres veces, en un mismo año, en esas infracciones será destituido.
En enero del 2019, cuatro fiscales fueron suspendidos. Una de ellas fue Mayra Soria. Ella estuvo impedida de trabajar un mes y tampoco recibió remuneración. Según un infforme de la Judicatura, excedió los plazos de una investigación previa en un caso de abuso sexual que fuera cometido en el sistema educativo.
Esa denuncia fue presentada en 2013 y en diciembre del 2017 se ordenaron las primeras diligencias y pericias del caso.
En ese momento, Soria dijo que la carga de trabajo no le permitió avanzar en ese caso.
En la evaluación a los fiscales se tomará en cuenta parámetros cuantitativos y cualitativos. En el primero se medirá, por ejemplo, cuánto tiempo se demoran en investigar y el número de causas resueltas.
Pero los agentes advierten que hay demasiadas causas por resolver y que no hay suficiente personal para evacuar toda la carga procesal que ingresa a diario.
