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Los fiscales hasta se disfrazan por temor

La Policía capturó a los sospechosos del asesinato al fiscal Édgar Escobar. El funcionario judicial fue acribillado frente a la Fiscalía Provincial de Guayas. Foto: cortesía

Caminan con temor. No aceptan visitas de desconocidos. Evitan salir los fines de semana y las noches. Prefieren alejarse de sus familias para evitar que los asocien. Incluso, algunos han optado por disfrazarse para salir a la calle. Así es la vida de los fiscales en Ecuador.

Este grupo de funcionarios atraviesa una dura situación por la inseguridad. En las oficinas públicas, el miedo es generalizado. Desde hace una semana, las seguridades de estos espacios se han reforzado. Todo cambió con el asesinato del fiscal Édgar Escobar. La Policía capturó a los sospechosos.

Los agentes están convencidos de que el crimen fue perpetrado por sus funciones. Escobar era un fiscal que tenía a su cargo indagaciones por narcotráfico, asesinatos, violencia de género y terrorismo. De hecho, el atentado en Cristo del Consuelo era indagado por él. En la actualidad, la Policía investiga qué caso específicamente se relaciona con el crimen.

Un problema sistemático

Según datos de la Presidencia, 43 empleados públicos, entre jueces, ayudantes judiciales, fiscales, y otros, fueron amenazados desde el 2019.

La Fiscalía ha evitado pronunciarse respecto a estos actos, pues señalan que están analizando qué medidas tomar para evitar más ataques. Además, aseveran que toda la información de fiscales con alertas es reservada por seguridad.

Pero, para el Gobierno, las amenazas a los fiscales son una forma de corromper a estos trabajadores. Incluso, asegura, que allí se origina la impunidad y la corrupción. Precisamente, este año ya se han perpetrado seis asesinatos a funcionarios de justicia y dos tentativas de homicidios.

La última sucedió un día después del crimen del fiscal Escobar. En la Amazonía fue atacado el vehículo de un juez. La Policía investiga los hechos.

Los investigadores también conocen de estos ataques y cuentan que en ciertos casos hay indicios de que los funcionarios mantenían tratos con las mafias. En el caso del fiscal Escobar, por ejemplo, se investiga por qué tenía más de USD 3 000 en efectivo dentro de sus bolsillos.

Un fiscal de Guayas, quien conversó con este Diario, cuenta que existen redes que les ofrecen sumas de dinero para que no investiguen o no señalen a sus cabecillas. “Nos mandan papeles con gente desconocida. En esos pedazos de papel nos dicen que hay un maletín con X cantidad de dinero”.

¿Cuánto les ofrecen? “Entre USD 10 000 y USD 50 000. Y si no aceptamos, nos amenazan con matarnos o secuestrar a nuestras familias. Es muy difícil trabajar bajo estas condiciones”, señala el agente que prefiere mantener su nombre en reserva.

Otro fiscal que investiga casos de asesinatos en Guayaquil también ha recibido amenazas. Él asegura que en una indagación tuvo un encuentro directo con dos sicarios.

Los sospechosos interceptaron su vehículo y dispararon al aire. “No acuses a nadie”, le dijeron antes de irse. Ese día tenía una audiencia en contra de unos hombres que habían participado de un crimen en la corte de Guayaquil.

Las amenazas a los fiscales se agudizaron a partir del 2020. En ese año, más de 30 de estos funcionarios solicitaron resguardo policial. Eso coincide con el inicio de la guerra de bandas delictivas. Los cinco años anteriores en promedio ocho fiscales pedían custodia.

Hoy la cifra de agentes con resguardo es incierta. La Fiscalía no ha querido dar detalles. Desde la Judicatura se analiza si debe o no declararse la seguridad de los funcionarios en emergencia.

La Unidad de Protección a Víctimas y Testigos también ha reportado falencias. Hasta hace dos meses, esa unidad de la Fiscalía se declaró en emergencia al no tener apoyo económico por parte de la Judicatura.

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