Fiscal: María Alejandra Vicuña recibió USD 43 295 en el caso Diezmos

La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña asistió este lunes 6 de enero del 2020 a la audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña asistió este lunes 6 de enero del 2020 a la audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña asistió este lunes 6 de enero del 2020 a la audiencia de juicio en la Corte Nacional de Justicia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña fue recibida este lunes 6 de enero del 2020 por una decena de simpatizantes, mientras ingresaba a la Corte Nacional, en Quito. Igual ocurrió cuando llegó al auditorio, en el octavo piso.

Sus coidearios la aplaudieron, se abrazaron con ella y gritaron consignas. “El pueblo unido jamás será vencido”, dijeron una y otra vez. Los policías pidieron que hicieran silencio, pero siguieron. Vicuña se dirigió a su puesto y habló con su abogada. Eran las 09:10.

20 minutos después, el Tribunal Penal, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán instalaron la primera jornada de la audiencia de juicio en contra de la exsegunda mandataria, que es procesada dentro del caso Diezmos.

Vicuña está acusada de ser autora del presunto delito de concusión. En el Código Penal (art. 281), ese ilícito es penado con cárcel de tres a siete años.

Al iniciar la diligencia, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, detalló los elementos hallados en la investigación. Dijo que todo comenzó con una declaración juramentada que realizó, ante un notario, el exasesor de Vicuña, Ángel Sagbay.

En ese documento se dice que mientras Vicuña se desempeñaba como asambleísta por el Guayas, entre el 2011 y el 2013, pidió dinero a sus colaboradores a cambio de mantener sus cargos en el Legislativo.

El oficio judicializado también menciona que el dinero fue destinado para cubrir los gastos y eventos que organizaba el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

La Fiscalía indicó este lunes que en el expediente consta que Sagbay y otros colaboradores de la entonces asambleísta depositaron “contribuciones económicas ilegales”. Además, aseguró que ella “abusó de su cargo como funcionaria pública”.

Según las indagaciones, habría recibido un total de USD 43 295 y que solamente el exasesor le entregó USD 23 300.

La Fiscalía dijo que los aportes eran ilegales, pues ABA no está registrada en el Consejo Nacional Electoral y tampoco lleva una contabilidad. La abogada de la exfuncionaria, Ana María Ontaneda, rechazó ese argumento e indicó que la organización política sí existe y que constantemente dictan talleres y realizan eventos.

Poco antes del mediodía, Sagbay acudió a la audiencia para rendir su testimonio ante el Tribunal. Antes de comenzar su intervención, el juez ponente, Marco Rodríguez, pidió que levantara su mano derecha y le solicitó que dijera la verdad, pues estaba bajo juramento.

En su relato, el exasesor indicó que mientras trabajó en el Legislativo entregaba mensualmente, en la cuenta personal de Vicuña, montos entre USD 300 y 1 400. Además, manifestó que el valor variaba dependiendo del cargo que ocupaba. En el 2011 se desempeñó como asistente y un año después ascendió a asesor.

Aseguró que la entrega del dinero era obligatoria y si no aportaba debía dejar el cargo.

Además, durante el interrogatorio que realizó la abogada Ontaneda, el exasesor sostuvo que entre enero y agosto del 2018 mantuvo conversaciones a través de WhatsApp con dos asesores de la entonces vicepresidenta Vicuña. Esos mensajes fueron sometidos a una pericia en los laboratorios de Criminalística. El agente que realizó ese análisis rindió ayer su testimonio ante los jueces.

Según esas conversaciones, Sagbay pidió “ayuda” para conseguir un puesto en el sector público, pero no lo consiguió. El 26 de agosto de ese año envió otro mensaje y les solicitó “por última vez que le ayuden con un puesto en la Vicepresidencia de la República”.

La investigación determinó que tras esa negativa solicitó que le devuelvan el dinero entregado. Un mes después puso la denuncia. Después del testimonio vino un receso. Entonces, Vicuña dijo que no ha cometido delito alguno, pues los aportes entregados fueron voluntarios y sin amenazas.

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