Fiscal pidió que se llame a juicio al exministro Alecksey Mosquera, investigado en el caso Odebrecht
En la audiencia, que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, Baca indicó al juez Édgar Flores cómo supuestame Mosquera obtuvo ese millón de dólares. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La construcción de la Hidroeléctrica Toachi-Pilatón volvió a ser mencionada dentro del caso Odebrecht. Lo hizo el fiscal Carlos Baca, este 17 de enero del 2018, durante la audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera.
El exfuncionario, su padre Antonio Mosquera Salsedo, su tío político, Marcelo Endara, y su socio Santiago Játiva, son procesados por el supuesto lavado de un millón de dólares que habría recibido de la constructora brasileña, en el 2008.
El exministro, de 48 años, fue el único sospechoso que asistió a la diligencia. Su comparecencia se dio a través de una conexión por video conferencia desde el Centro de Detención Provisional de Quito, en donde se encuentra detenido desde abril pasado.
Su padre y Endara, en cambio, cumplen con una orden de arresto domiciliario debido a que ambos tienen más de 70 años. Mientras que Játiva está prófugo.
En la audiencia, que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, Baca indicó al juez Édgar Flores cómo supuestame Mosquera obtuvo ese millón de dólares.
Según Baca, este pago se concretó mientras, además del cargo del ministro, Mosquera tenía "gran influencia" en el Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero, que en ese momento era el organismo que financiaba la construcción de la hidroeléctrica.
Ya en junio del 2017, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, señaló que en esa obra no hubo sobreprecio e indicó que en los análisis de la Contraloría no se detectaron irregularidades.
Baca subrayó que el delito que se investiga es lavado y presentó 17 indicios en contra de los cuatro procesados. Una de las evidencias es el informe sobre el manejo de las cuentas que el exministro tenía en la Banca Privada de Andorra (BPA), un país ubicado entre España y Francia.
En el documento se detalla que Klienfeld, offshore usada por el departamento de sobornos de Odebrecht, transfirió un millón de dólares a través de cuatro depósitos, entre el 8 de abril y el 8 de septiembre del 2008.
Esos pagos llegaron a Tokyo Traders, offshore constituida en Panamá, pero que tenía cuenta en el BPA de Andorra.
Tokyo Traders, a su vez, transfirió USD 924 000 en el 2011 a la offshore Percy Trading. Y desde allí, el dinero se fue fraccionando en 28 pagos a cuentas en Ecuador, Estados Unidos y China.
Baca indicó que parte del millón de Odebrecht se usó para la compra de maquinaria como bombas de calor, bombas de circulación y medidores de presión. Estos bienes se habrían adquirido en Estados Unidos y China a través de dos compañías en las que figuran como directivos Mosquera padre y Játiva.
Según Baca, detrás de estas firmas de papel de encontraba como beneficiario final el exministro y como testaferro habría supuestamente actuado su tío político.
A los dos, Mosquera y Endara, los señaló como posibles autores y a Mosquera padre y Játiva los identificó como coautores. Tras explicar esta teoría, el Fiscal pidió el juez Flores que los llame a un futuro juicio.
En la audiencia también se conoció un pedido de Ramiro Albarracín, abogado de Endara. El defensor solicitó al fiscal Baca que se juzgue a su cliente a través del procedimiento abreviado, un tipo de juicio rápido en donde el sospechoso recibe una pena reducida a cambio de reconocer su participación en el delito.
Baca rechazó la petición y señaló dos motivos para hacerlo. El primero, que es facultad de la Fiscalía proponer ese tipo de procedimiento al juez y que no creía oportuno "porque estamos a un grave caso de lavado", que había causado "comisión social".
Y, segundo, porque el procedimiento abreviado es exclusivo para los delitos leves, cuyas penas no superan los 10 años de cárcel. En el caso del lavado, este se sanciona con 10 a 13 años, según el monto.
Tras un receso de 10 minutos, el juez rechazó el pedido de juicio abreviado. Según la autoridad, esta figura legal requere del acuerdo entre la Fiscalía y la defensa y eso no se dio.
También, en una parte de la audiencia, el juez escuchó los argumentos tanto de Fiscalía como de la Procuraduría y de los defensores sobre los posibles vicios legales o irregularidades dentro de la investigación.
Sobre esto, Baca dijo que el expediente contra el exministro y los demás sospechosos se llevó de forma técnica y se cumplieron todos los requisitos constitucionales y del Código Penal. Para los abogados, en cambio, hubo errores que anularían el proceso.
Al final, el juez Flores decidió que el juicio era válido. Hasta este momento, la audiencia continuaba.
