El teléfono celular timbró. El número entrante no estaba registrado en la lista de contactos del fiscal de Nueva Loja, Carlos Jiménez. Dudó unos segundos antes de contestar. Escuchó la voz de un hombre que parecía preocupado: hablaba con prisa y casi gritando.Señor Fiscal -le dijo- cinco sicarios llegaron hace dos días para asesinarlo. “La vida de su familia y la del juez que lleva el caso Santos también está en peligro”.
Jiménez colgó de inmediato y guardó el móvil en el bolsillo de la camisa. Dejó la oficina, ubicada en el primer piso de la Fiscalía de Sucumbíos, y se dirigió al domicilio.
Eran las 18:00 del 21 de octubre del 2009. Abrió la puerta principal de hierro de su casa; cruzó el pequeño patio rectangular de cemento e ingresó a la sala. Se tranquilizó al ver que su hija, de seis años, estaba a salvo. “Es lo más importante que tengo. Al separarme de su madre, la niña peleó para vivir conmigo y ahora pasamos casi todo el tiempo juntos”.
Jiménez recuerda que la alerta de atentado se dio solo un día antes de realizarse la audiencia de formulación de cargos del caso Angostura. Allí se vinculó, además del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, a Freddy Padilla, jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia; Óscar Naranjo, director de la Policía del vecino país, y Mario Montoya, ex comandante del Ejército extranjero.
La Fiscalía los procesó por la muerte de 25 personas en Angostura, el 1 de marzo del 2008. Ellos, según la Fiscalía, habrían ordenado y planificado el ataque a la base de las FARC, en territorio ecuatoriano. Entre los fallecidos estaban el segundo mando de la subversión, Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aisalla.Contra los jefes colombianos incluso había una orden de prisión vigente, pero cuando la Corte Provincial anuló parte de las fojas del juicio, los tres (Naranjo, Padilla y Montoya) fueron liberados.
El caso Santos, en primera instancia, fue investigado por el fiscal Wilmar Gonzabay, pero él falleció de un paro cardiaco el 23 de febrero del 2009. El deceso causó controversia, pues su cadáver fue hallado en un cabaré de Nueva Loja, la capital de Sucumbíos.
El Ministerio Público analizó los perfiles de los funcionarios que podrían hacerse cargo del proceso y decidió nombrar al fiscal más antiguo: Carlos Jiménez. Él lleva tres años en funciones y ha sido criticado por no tener la suficiente experiencia para afrontar un caso como el de Santos.
Jiménez no se molesta al escuchar los comentarios. Hace honor a su carácter afable. Se sonríe y evita mirar fijamente a su interlocutor. “Se hace lo que se puede, en función de lo que dice la Ley”.
Antes de ser Fiscal trabajó como asistente de otros encargados del Ministerio Público. También ejerció el libre ejercicio, durante un año, pero se alejó del trabajo independiente. “Había demasiada corrupción”, dice, mientras se acicala el cabello negro lacio con la mano. Se esmera en acomodarlo hacia un lado.
El despacho, en el edificio de la Fiscalía. Jiménez empieza sus actividades a las 08:00. La jornada se extiende más de ocho horas.
“No estaba de acuerdo con defender a violadores, sicarios o narcotraficantes”, insiste. “Y esos casos son los más rentables”.
Jiménez recuerda que antes de estudiar Jurisprudencia, en la Universidad Nacional de Loja, sus padres tenían una imagen negativa de los abogados. “Creían que eran malas personas y ladrones”. Pero él se comprometió a cambiar ese estereotipo y terminó con éxito sus estudios presenciales en el 2001. Entonces, decidió dejar a sus padres en Loja en busca de nuevas oportunidades.
Un hermano, con quien tenía fuertes afectos familiares, lo invitó a su hogar en Nueva Loja. Se enamoró de la ciudad, de su gente y de su estilo de vida informal. Las personas eran tranquilas, amables y de empuje.
No perdió el estilo para vestir característico de la Sierra. Los zapatos negros de charol están bien lustrados. Usa pantalón de terno; camisa manga larga y la corbata bien apretada al cuello.
“Mi hermano lamentablemente falleció, pero yo me quedé trabajando en la ciudad. Ahora estoy dedicado casi de tiempo completo al caso Angostura”.
La seguridad es una prioridad para Jiménez. Evita salir a actos públicos o reuniones sociales. A las diligencias de la Fiscalía acude con un custodio o con agentes designados por la Policía.
La mayor parte del tiempo pasa en la oficina, que la comparte con otros dos fiscales, sus asistentes y secretarias. Los canceles donde se archivan los casos delimitan los espacios de cada funcionario.
El escritorio de Jiménez está poblado de documentos, carpetas y sobres amarillos. En medio están la computadora y el fax.
A su costado derecho, en la pared, tiene pegados pequeños papeles amarillos con los números de teléfono que considera importantes. Se observa el de la Policía Antinarcóticos, de Tránsito y de Criminalística.
Las tres instituciones han sido clave para recabar pruebas del caso Santos. En 60 días terminará el plazo de la instrucción fiscal y Jiménez deberá presentar su dictamen acusatorio o absolutorio en contra del ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
Jiménez dijo a EL COMERCIO que pedirá una ampliación para la instrucción, porque se volverá a acusar a los generales colombianos Freddy Padilla, Óscar Naranjo y Mario Montoya.
¿Se aprovechará la diligencia para acusar también al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien para entonces habrá dejado el cargo en la Casa de Nariño? Jiménez contesta con mesura: “vamos a ver qué pasa con la situación del presidente Uribe”.
El Fiscal niega que haya recibido presiones del Gobierno ecuatoriano o de las FARC para avanzar en la investigación del caso. “Nadie me ha sobornado y si lo intentaran no lo aceptaría”.
La vida modesta que lleva es la mayor evidencia de lo que afirma. Vive en una casa de una planta con solo tres habitaciones: en una están las camas, en otra el estudio donde convergen la cocina y el comedor. El Fiscal paga USD 200 por el arriendo. No tiene auto.
Su tiempo libre lo dedica exclusivamente a su hija. La ayuda hacer deberes, juegan en la computadora o repasan juntos el abecedario en un pizarrón.