Usted llega a la Comandancia de la Policía en un momento crítico de la seguridad del país. ¿Cómo va a devolverle a la ciudadanía la tranquilidad?
Venimos de una pospandemia que ha traído muchos problemas como el fortalecimiento de economías criminales y una delincuencia transnacional que impacta a toda la región. Por ejemplo, el crecimiento de la producción de droga en el norte y sur del Ecuador implica que haya más cantidad de sustancias que buscan salir a EE.UU., Europa y Asia. Además, la delincuencia común está actuando con más violencia.
¿Cómo se va a detener esto?
Lo primero es organizarnos desde una visión equilibrada de estrategia, operatividad y control para poder optimizar los medios con los que contamos porque siempre son insuficientes. Tenemos el mismo equipamiento y el mismo personal para atender más problemas. Ahora, ha crecido la minería ilegal, el contrabando, los ciberdelitos, la violencia intrafamiliar y los escándalos públicos. Y para esto vamos a mejorar las capacidades de investigación, articulación de información para detectar a los cabecillas de las organizaciones. También vamos a fortalecer las intervenciones integrales con municipios, Educación, Salud.
El narcotráfico se ha infiltrado hasta en filas policiales. ¿La investigación de los narcogenerales quedó en nada?
La Policía es una de las instituciones del país que más controles tiene. Generalmente, todo caso en el que está involucrado un policía es descubierto por la misma Policía. Cuando hubo la pérdida de droga en algunas bodegas, la Policía realizó la captura de quienes estaban atrás. En el caso Big Money, la Policía dio la lista de los policías que estarían implicados. La Policía es una institución transparente que no puede socapar a alguien que viola la ley.
¿Y en el caso de los narcogenerales?
El caso de los narcogenerales yo creo que es una historia pasada. Ahora estamos viviendo otra historia con un mando nuevo, que está comprometido, y que tiene los avales de credibilidad y confianza del Gobierno Nacional y de la cooperación internacional. Nosotros hemos puesto que se haga un examen especial en Contraloría y si hubiera algún indicio tomaremos las acciones correspondientes. Pero ese es un tema que ya está saldado.
Saldado sin sanciones. Y en el caso de Big Money tampoco hay penas.
En el tema de narcogenerales habrá sanciones siempre y cuando haya alguien implicado. En la gente que está bajo mi mando nadie tiene responsabilidad ni penal ni administrativa. En el caso Big Money, esa investigación la está llevando la Fiscalía.
En el reglamento de disciplina de la Policía no hay sanciones para inversiones ilegales de sus miembros. ¿Van a hacer cambios a sus normas?
El inspector General de la Policía ya tiene la disposición de presentar un nuevo reglamento disciplinario que lo vamos a proponer y es muy importante. Lo que buscamos es darles velocidad a los procesos administrativos, debemos tener contundencia en los procesos administrativos y necesitamos tener estas nuevas figuras que pueden comprometer y verse mal ante la ciudadanía.
Usted habló de recursos insuficientes. ¿Qué les falta?
Hemos presentado un plan de fortalecimiento y modernización de la Policía. Este plan abarca cinco ejes: el primero es el talento humano y para ello requerimos de 30 000 policías adicionales. Necesitamos unidades tácticas, policías antimotines y agentes para investigar muertes violentas, delitos ambientales, ciberdelitos y la Policía Comunitaria.
En Quito y Guayaquil se han cerrado retenes policiales por la falta de personal. ¿Qué se va a hacer en este tema?
Estamos evaluando el modelo de gestión para ver si conviene más tener una UPC o tener una Unidad que preste servicio en el lugar porque los recursos son cada vez más escasos. Por ahora sí hay más atenciones. Por ejemplo, en Quito, en Quitumbe, nos tocó dividir el personal porque hay más barrios. Al personal que está en UPC tocó sacarles para que realicen patrullajes en zonas más grandes. Eso quita la capacidad de tener UPC abiertas.
Otro problema que tienen es el tráfico de armas. ¿Cómo van a parar este fenómeno?
Nosotros creemos que hay que fortalecer la carga penal para quien tiene armas y porte o use armas de grueso calibre o explosivos. En Colombia, por ejemplo, incrementaron las penas para aquellas personas que causaren muertes violentas con armas contra mujeres, niños, policías. Yo creo que es el momento de analizar la carga penal.
Hoy el porte ilegal de armas se sanciona con entre uno y tres años. ¿A cuánto pedirán que suba la sanción?
Tiene que calcularse con base en la legislación comparada. Colombia y Perú sancionan a quienes usen armas de guerra en un homicidio, me parece que es cadena perpetua.
Fausto Salinas
Nació en 1970 en Quito. Tiene 34 años de servicio, obtuvo la primera antigüedad de su promoción. Fue parte del Grupo de Intervención y Rescate. Recibió un Doctorado Honoris Causa. Fue director Nacional de Seguridad Ciudadana y Orden Público, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, director de la Escuela Superior de Policía y director de Planificación de la institución.