Familiares de equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado y asesinado en la frontera, rechazan negativa para acceder a información
En la imagen de archivo fechada el 14 de abril de 2021, los familiares del equipo periodístico asesinado, asisten a una misa en la Iglesia de San Agustín al cumplirse un año de la noticia del asesinato del equipo periodístico. Foto: Archivo EL COMERCIO
La alerta la dieron los amigos y familiares del equipo periodístico de diario EL COMERCIO que fue secuestrado y asesinado por grupos armados en la frontera colombo-ecuatoriana.
En un comunicado indicaron que el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) negó un pedido de la Fiscalía para acceder a las actas de las reuniones en donde, supuestamente, se trató el tema en 2018.
El colectivo Nos Faltan 3, que agrupa a familiares y amigos de las víctimas, precisó en un comunicado que mediante un documento de fecha 17 de febrero del 2020 e ingresado al expediente fiscal en esta semana el Cosepe dio a conocer su “decisión de no desclasificar las siguientes actas por su afectación a la seguridad de Estado: Acta No 18 del miércoles 28 de marzo del 2018; Acta N19 del miércoles 13 de abril del 2018; y Acta N20 del martes 17 de abril del 2018”.
El documento tiene fecha de febrero del 2020 y responde a un requerimiento de la @FiscaliaEcuador, pero fue ingresado al expediente 1 año después. Representantes del equipo periodístico de @elcomerciocom reclaman por este "candado a la verdad"#NosFaltan3#NoCallamosNoOlvidamos
— Nos Faltan Tres (@nosfaltan3) March 3, 2021
Esos documentos, según el colectivo, recogen lo tratado en reuniones del Cosepe en las que se trató el tema del secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.
También ahí se habría tratado la situación de los ciudadanos Katty Velasco y Óscar Villacís, quienes también fueron secuestrados y asesinados en la frontera.
Christian Segarra, hijo de Efraín, indicó que la opacidad retrasa el esclarecimiento de los hechos. Él indicó que la decisión del Cosepe va en contra de la orden que dio el presidente de la República, Lenín Moreno, en la que se pidió la desclasificación de los documentos relacionados a este caso.
Espera que el próximo gobierno desclasifique la documentación para que se esclarezcan los hechos y el accionar del Estado.
Sobre este caso, el 14 de mayo de 2018, los familiares acudieron a un acto por la entrega de la información en el palacio de Gobierno.
Ahí el exsecretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, señalaba que cumplían con lo ofrecido.
Los archivos fueron guardados en una caja de seguridad de una entidad financiera hasta el 25 de julio de ese año, cuando fueron entregados a los investigadores del Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según información entregada por el colectivo Nos Faltan 3, el equipo de la CIDH evidenció que entre los documentos no se encontraban las actas del Cosepe. Lo que sí hallaron fueron decenas de notas de condolencia de embajadas, boletines de prensa, capturas de pantalla, y otra información a la que calificaron de “inservible”.
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