Los cuatro armados se trasladaban en dos motocicletas. Siguieron al Peugeot 206 por la av. Mariscal Sucre, entre El Condado y Carcelén, norte de Quito, luego de que el conductor del automotor retirara USD 8 000 de un banco.
El traslado de dinero para pagar una consultoría segó la vida de Marco Velasco. El sociólogo quiteño había llegado a un restaurante, donde debía entregar el dinero a un socio.
Al estacionar, los armados se acercaron, dispararon, se introdujeron al auto y golpearon a Velasco y a su socio. La víctima entregó el dinero, que estaba en la cajuela, pero fue disparado y murió.
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Un casquillo de bala fue hallado la semana pasada por un mecánico, en el panel del Peugeot 206. “La Policía nos devolvió el vehículo un mes y medio después. No nos entregaban porque nos decían que estaba siendo investigado. Cuando lo enviamos al taller para repararlo nos encontramos con la sorpresa de que nunca habían visto la bala que estaba en el panel. Eso quiere decir que ni siquiera se dieron el trabajo de chequear el auto”, dice Santiago Velasco, hijo del fallecido.
Hasta ayer, esa prueba estaba en manos de la familia Velasco, pero no sabían si entregarla o no a la Policía por falta de confianza.
La familia de Velasco critica el “abandono” de las autoridades en crímenes como el de su padre, frente al “gran trabajo” policial en “ciertos casos”. Santiago cita el despliegue de la Policía en la desaparición de dos estudiantes en Quito, quienes regresaron a sus casas 10 días después en el avión presidencial. También celebra la celeridad para resolver el crimen del empresario quiteño Francisco Espinosa, que tuvo eco desde el 2 de septiembre del 2011, cuando fue acribillado en Miravalle. En este caso, ocho sospechosos fueron detenidos 18 días después.
Lo mismo ocurrió, dice, cuando fue asaltado el alcalde de Quito, Augusto Barrera, el 23 de diciembre del 2010. Los agentes de grupos especiales de la Policía efectuaron el mismo día un operativo en un barrio del sur de la capital y detuvieron a tres personas.
¿Por qué las autoridades actúan con rapidez en determinados casos mientras que en otros no pasa lo mismo? El coronel Jorge Alulema, director de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P), dice que hay hechos en los cuales se necesita más tiempo. “No se tiene una bola de cristal para investigar”, dice.
Una fuente de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía (Unase) reconoce que un factor que influye es la exposición mediática que se da unos hechos. En el caso de las adolescentes desaparecidas 10 días dice que influyó el hecho de que los familiares difundieran el caso en las redes sociales Twitter y Facebook, que se revelaran fotos y que el caso fuera de inmediato seguido por los medios de comunicación.
“Todos Juegan un papel importantísimo porque si no se dijera nada, este caso no hubiera saltado ante la opinión pública con tanta fuerza. Esas cosas abonan al hecho”, enfatiza el uniformado.
El policía añade que otro aspecto que incide es el nivel socioeconómico de las personas afectadas. Sin embargo, alerta que en esos casos pudiera ponerse en riesgo a las víctimas. “El hecho de hacer una campaña a nivel mediático provocó que se active una novela en la que la gente quiso saber qué pasaba, todos los días”.
Frente a eso, la Policía atendió un pedido social y gubernamental que llamó la atención del país. “Nosotros resolvemos los casos que nos piden”, destaca.
La familia Velasco dice que la exposición mediática tampoco ha servido para que la muerte de su padre se investigue a profundidad. Han dado entrevistas en radios y el crimen se publicó en la prensa, pero sienten que las autoridades los han dejado solos. Marco Velasco, de 57 años, fue catedrático de la Universidad Central, escritor, pacifista, recuerda su hijo. Él relata que la Policía, la Fiscalía y el banco donde su padre retiró el dinero no han colaborado lo suficiente con la investigación.
“En la Policía se insinúan para que les demos dinero para el combustible. Incluso la investigación comenzó 15 días después (por Navidad y Fin de Año). Los videos del banco tardaron en llegar y hay otros videos que todavía no son analizados por la Policía ”, denuncia el hijo del sociólogo.
Ante esas aseveraciones, Alulema dice que los agentes de la Brigada de Homicidios siempre están prestos a atender requerimientos de las familias de las víctimas. “El trato es igual con todos, pero el problema radica en que algunos casos no pueden ser resueltos de la noche a la mañana”.
Él sostiene que “nunca” los agentes solicitan dinero para el combustible u otros gastos porque se prohíbe en el reglamento interno de la institución. “Somos pocos agentes y hay una gran cantidad de casos por resolver. Esperamos que con el trabajo que realiza el Gobierno en cuanto a sumar nuevos uniformados, esta necesidad se solucione pronto”.
Punto de vista Ramiro Viteri / Colegio de Abogados de Pichincha
‘La justicia debe atender por igual’
Los casos resueltos rápidamente por la justicia son de las personas que tienen más posibilidades para denunciar, comparadas con otra gente que es pobre y que no tiene esa oportunidad.
Los medios de comunicación son el vehículo para estos casos que son complejos. Creo que los medios deben hacer una buena labor y lograr que la justicia atienda todos los casos por igual.
Ahora, las autoridades tratan casos como el de chicas de un colegio de buen nivel. Todo mundo puso atención incluso en las redes sociales; y estas tampoco son precisamente de libre acceso para personas de escasos recursos.
Es uno de los temas de la reforma de administración de justicia que debe ser abordado por las judicaturas que creen que el pobre debe esperar para hacer fila y quedarse en el silencio porque no puede pagar. Los organismos de seguridad y justicia deben reaccionar ante estos hechos.