Hoy Damián Peña Bonilla hubiese cumplido 28 años, pero el 11 de enero del 2002 una bala impactó en su frente y falleció. Él participaba en una protesta estudiantil en contra del Gobierno de ese entonces por el alza de pasajes.
El proceso judicial que duró 12 años terminó -en última instancia- la noche del viernes 14 de marzo con un fallo absolutorio para el acusado el policía, Pablo. Fue una resolución del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Azuay. Contra él se abrió la audiencia de juicio el pasado lunes y duró cinco días en la Corte de Justicia de Cuenca.
En los cuatro primeros días, el fiscal Andrés Cabrera, de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, acusó e interpuso sus medios probatorios contra el uniformado. Fueron convocados 75 testigos y peritos para rendir declaraciones. Pero finalmente se presentaron 37 testigos por parte de Fiscalía y acusación particular y 10 del acusado.
Cuatro de ellos (policías) fueron traídos bajo el empleo de la fuerza pública (boleta de aprehensión). Pero la sorpresa se dio la mañana del viernes, en la etapa de alegatos y debates. Cabrera se abstuvo de acusar a Pablo y en su lugar demandó al Tribunal la nulidad del proceso (todo lo actuado en los cinco días) porque precisó que se trata de una ejecución extrajudicial.
Esto sorprendió a la familia Peña-Bonilla. Carlos Poveda, abogado de la acusación particular, dijo que siempre mantuvieron una coordinación con el fiscal Cabrera y pensaron que en la intervención oral iba a ratificar la acusación.
No obstante, esto pesó de forma importante en la resolución del Tribunal. El argumento de los jueces Cayo Cabrera, Pablo Galarza y Franklin Barahona fue que al no haber acusación fiscal declararon nulo el proceso, sin lugar a la demanda y la inocencia del procesado.
Sonia Bonilla, madre de Peña, visiblemente afectada, dijo que esta resolución no es el fin de su lucha. Este fallo no es apelable. Por eso, la madre anunció una demanda contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Mi hijo desde el cielo me da la fortaleza y valentía para seguir”. Pero dejó claro que no lo hará por una reparación económica sino por saber la verdad.
Por su parte, Pablo dijo que las pruebas demostraron su inocencia y esperará la decisión de sus superiores para regresar a la Policía. “Han sido años de lucha que han afectado a mi familia”.