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Fallas en la investigación criminal fueron señaladas por la Veeduría

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito. Paulo Rodríguez  (izquierda) y Baltasar Garzón (derecha) hablaron ayer sobre el informe preliminar. Diego Bravo /EL COMERCIO

En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito. Paulo Rodríguez (izquierda) y Baltasar Garzón (derecha) hablaron ayer sobre el informe preliminar. Diego Bravo /EL COMERCIO

La sugerencia es contundente. La Veeduría Internacional (VI) presidida por el ex juez Baltasar Garzón emitió ayer el segundo de cuatro informes sobre la reforma judicial en el país. La organización estableció 19 recomendaciones y en la octava se menciona a la investigación criminal.

Por eso, la Veeduría sugirió que “el Consejo de la Judicatura (CJ) realice acuerdos necesarios con otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Policía Judicial con el fin de que se mejoraran las técnicas de investigación y se coordinaran actividades científicas por una justicia eficaz”.

El informe preliminar se elaboró con la información recopilada por Garzón. Pero también actuaron los observadores internacionales Marigen Hornkol (Chile), Porfirio Muñoz (México), Carolina Escobar (Guatemala) y Daniel Gurzi (Argentina).

Desde el pasado lunes, el grupo visitó 14 provincias. Lo hicieron hasta ayer y de allí nacieron las 19 recomendaciones. Según Garzón, “estas no son definitivas y servirán para prevenir inconvenientes en la gestión de la justicia”.

Esta no es la primera vez que un ente internacional cuestiona las técnicas de investigación de la Policía Judicial. El 11 de mayo del 2011, el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, presentó el informe final tras su visita al país del 5 al 15 julio de 2010. En este documento se concluye que la eficacia de las indagaciones policiales fueron criticadas abiertamente por los jueces, los fiscales, los defensores del pueblo y los agentes de DD.HH.

Alston argumentó que los problemas son evidentes desde las primeras etapas. “Interlocutores que examinan regularmente los informes policiales señalaron que muchos agentes de policía carecían de las competencias necesarias para afrontar la complejidad de los casos de asesinatos”.

A eso se suma, según el reporte Naciones Unidas, que las indagaciones policiales son ‘primitivas’ .

Este Diario ha constatado que la mayoría de agentes de la Policía Judicial carece de equipos para operar. Por ejemplo, no tienen suficientes cámaras fotográficas o filmadoras para recabar evidencias en los sitios de los delitos. En otros casos, los uniformados utilizan sus propias computadoras.

En el presupuesto de la Policía Nacional se evidenció que, de los USD 240 millones asignados para la institución en este año, a la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ) se destinó solo el 4% (USD10,4 millones).

El accionar de un juez

El informe preliminar de la VI hace más observaciones. Se refiere a las denuncias de supuestas irregularidades o posibles comportamientos en hechos delictivos. “El objetivo de la Veeduría no es recibir denuncias, pero a la vez no puede dejar de poner en conocimiento las mismas para que, de conformidad con la Ley, se adopten las medidas que procedan”.

En otra parte del informe se cita el caso de la intervención de un juez de Saraguro (Loja) en la adjudicación de un inmueble para los servicios judiciales. “(Esa) cuestión excede las funciones propias de su competencia y puede afectar negativamente su gestión, aunque haya buena voluntad (de trabajar)”, se indica en el informe. También destaca que en las visitas realizadas a las instalaciones judiciales del país se observaron avances en cuanto a las obras de infraestructura, pero afirmó que algunos servicios deben ser reforzados para obtener más efectividad. Menciona el caso de la terraza del edificio donde funcionan las dependencias judiciales en Manta (Manabí). “Se recomienda al CJ que tome las decisiones oportunas con el fin de optimizar los espacios disponibles de los juzgados y el archivo de estos”.

Pese a que el ex juez Garzón destacó que los juzgados de la Niñez se “acogen el principio de dignidad humana”, recomendó que se analice la posibilidad de que en estos se instalen más pagadurías para evitar retrasos.

Tras la presentación del segundo informe preliminar, la Veeduría internacional informó que el tercer se reporte se dará a conocer en noviembre y el cuarto en diciembre. Los observadores laboran desde mayo del 2011 y continuarán con su gestión hasta enero del próximo año.

Otra observación se relaciona con el tema salarial. Las diferencias de sueldos entre fiscales y jueces “producen disfunciones en el desarrollo de las actividades del Ministerio Público y su efectividad”. Por eso, recomendaron al Consejo de la Judicatura Transitorio que en la Fiscalía General del Estado se establezcan rangos salariales entre sus funcionarios. Incluso se habla de personal que “ha dejado sus puestos en busca de una mejor remuneración”.

Modelo de gestión

La Veeduría dice que la Judicatura debe socializar a la gente sobre nuevos modelos de gestión que en la actualidad se implementan en la Función Judicial.   

Además, que se deben tomar medidas necesarias para que la Defensoría Pública, Fiscalía General y la Función Judicial se rijan por el mismo modelo de gestión.       

La Judicatura -dicen los veedores- debe desarrollar acciones pertinentes para que los objetivos planteados se cumplan como lo señala el cronograma.