El organizador de eventos, Alonso Guerrero, acudió a la Fiscalía para dar su versión. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
El esquema de captación de dinero a través de cruce de facturas es rastreado por la Fiscalía. La entidad pidió que la Unidad de Inteligencia Tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) remita información de 63 empresas y personas naturales que prestaron servicios a Alianza País (AP).
Se trata de proveedores cuyos nombres aparecen en el archivo Verde Final, extraído por Criminalística de la computadora de Laura Terán, procesada por el caso Sobornos.
El pedido es que el SRI remita a la Fiscalía las facturas, números de autorización, fechas de emisión, montos, fechas de autorización y registro de esos proveedores, quienes supuestamente hicieron un cruce en su facturación.
El sistema de cruce de facturas consistía en que Alianza País (AP) contrataba servicios para promover a sus candidatos, pero en vez de que el partido político pagara quienes lo hacían eran contratistas que a su vez se beneficiaron de obras con el Estado.
Durante la investigación, la Fiscalía descubrió que los proveedores cuyos giros del negocio están vinculados a la comunicación facturaron por tuberías, porcelanato, cables o materiales de construcción.
¿Por qué ocurrió aquello? Porque las empresas aportantes sugirieron que en los recibos se hiciera constar conceptos relacionados con su área de trabajo como construcción, movimiento de tierras, compra de material, etc.
Esos detalles ya están judicializados. Por ejemplo, el 25 de febrero del 2014, dos días después de las elecciones seccionales, una productora de video facturó USD 78 680 e hizo pasar su servicio como “materiales”. Ese rubro fue cubierto por una compañía que fiscalizó la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
Según datos de la Fiscalía, esa empresa prometió un aporte de USD 1,5 millones a Alianza País, a través de dos modalidades: dinero en efectivo y cruce de facturas.
Los registros en Verde Final muestran otra modalidad, a través de la cual AP lograba obtener dinero en efectivo.
Un ejemplo de esto se da a través de una compañía que se dedica a la “comunicación de personal”, según la Superintendencia de Compañías.
Esta proveedora facturó USD 674 377, entre el 2013 y 2014. Sobre el servicio que prestó, el archivo Verde Final indica: “Tuberías, codos, uniones. Para cruce en efectivo”.
En otros casos, los registros muestran que las empresas aportantes cancelaron facturas por comunicación y publicidad. A estas firmas, la Fiscalía también les pidió justificar los documentos y cuáles fueron los productos comunicacionales que recibieron.
Así, por ejemplo, una empresa dedicada a la construcción de carreteras pagó 17 facturas por un total de USD 400 000, entre diciembre del 2013 y septiembre del 2015.
Los servicios que supuestamente pagó para Alianza País fueron por asesoría comercial, afiches impresos en tela, banderas, marcos de madera publicitaria, lonas, gigantografías, cuadernos, asesoría tributaria, organización de conciertos, publicidad, etc.
La Fiscalía ya citó a los primeros proveedores de AP a rendir su versión. Entre estos, Alonso Guerrero Ullauri fue llamado por la Fiscalía como proveedor e indicó que solamente cumplía con su trabajo.
En su caso aparecen números de recibos, cuyo cliente es una constructora estatal, que durante el gobierno de Rafael Correa construyó carreteras y puentes. A esta firma, Guerrero le habría prestado servicios por organización y montaje de eventos. En los archivos que tiene la Fiscalía constan montos por USD 60 480, USD 89 600, USD 66 400 , entre otros.
Así mismo, otras facturas de Guerrero no fueron canceladas por AP sino por una empresa dedicada a la provisión de Internet en el país, y que durante el gobierno de Correa tuvo contratos con el Ministerio de Telecomunicaciones.
La semana pasada, en la declaración que dio Guerrero, este confirmó que las facturas para los conciertos y otros shows que organizó para Alianza País fueron canceladas por otras compañías.
Para esta semana, en cambio, la Fiscalía citó a más de 30 personas. Entre estas a Caupolicán Ochoa, abogado del exvicepresidente Jorge Glas, y a Santiago Cuesta, asesor presidencial de Lenín Moreno.
También solicitó las versiones de Walter Solís, Rommy Vallejo, Soledad Buendía, Doris Solís, Edwin Jarrín, Pamela Aguirre y una larga lista de contratistas estatales.