El helicóptero gira varias veces sobre una franja del fronterizo río San Miguel, frente a Colombia. Desde arriba se ven pequeñas covachas en medio de la verde selva. Son varias y están alejadas unas de otras.
Las casas, levantadas con techos de aluminio oxidado y paredes de madera, cada vez son más. Un informe militar al que accedió este Diario revela que de 4 310 predios que entre el 2009 y el 2010 se registraron en Sucumbíos, 852 están “en posesión de ciudadanos colombianos”. Esto ocurre pese a impedimentos legales existentes.
La Asamblea de Montecristi fijó en el artículo 405 de la Constitución que “las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional”. La zona considerada como tal comprende 20 km desde la frontera hacia adentro.
Lucía N. desconoce esa norma. La mujer, que camina descalza, con camiseta y pantalones cortos, dice que el llegar a la frontera ecuatoriana fue la única forma de tranquilizar a sus dos hijos. Vivía en el Orito, un municipio occidental del departamento del Putumayo colombiano.
Pero hace dos años dos guerrilleros entraron a su casa y mataron a su esposo, porque el hombre se negó unirse a ellos.
Ahora, en Ecuador, vive en un pueblo que está junto al río San Miguel. Allí tiene un terreno de 70 metros, en donde levantó una pequeña casa que solo tiene espacio para dos camas y la cocina.
Hace un año y medio, la mujer escuchó que serían desalojados por los militares ecuatorianos.Pero ayer, el general Hugo Villegas, jefe de la IV División de Ejército Amazonas, que entre otras provincias cubre a Sucumbíos, dijo a este Diario que lo único que los soldados han hecho hasta ahora es registrar predios y que dependerán de las autoridades civiles ordenar o no desalojo alguno.
A inicios del año anterior, el Jefe militar envío un oficio al desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario e informó sobre los resultados de un censo de predios. Pero nadie se pronunció.
En el informe militar que conoció EL COMERCIO se dice que “ningún ciudadano identificado como colombiano ha demostrado propiedad de predios mediante algún documento legal”.
Lucía N. dice que cuando entró a Ecuador lo hizo solo con un par de zapatos adicionales, dos pantalones y que el terreno lo dio otro extranjero que llegó hace cinco años. “Decía que compró el terreno y un día me dijo quédese aquí que me voy a Quito”.
De los 852 terrenos que están en manos de extranjeros, el 92,28% está dentro de una franja de 5 kilómetros de frontera. Los militares comprobaron que mucha gente que vive allí forma parte de la red de colaboradores financiadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Informes oficiales señalan que esta ocupación de tierras facilita “el ingreso de ciudadanos colombianos” y traslado de productos (vestimenta, alimentos, medicinas y hasta pertrechos militares) hacia la guerrilla.
Para expertos en temas de seguridad, como Jorge Cevallos, la posesión y explotación de las tierras se producen constantemente. “Para la seguridad del país, esta situación implica muchas cosas. Por ejemplo, los extranjeros adquieren con toda facilidad cédulas de ecuatorianos, pero no son de este país. Implica también que dejando los uniformes y los fusiles los elementos de los grupos armados pueden pasar a Ecuador para descansar, para comprar comida, para abastecerse de todos los productos necesarios”.
Informes de inteligencia militar señalan que los guerrilleros cambiaron su forma de operar en la frontera y ahora ya no pasan a Ecuador y construyen grandes campamentos, sino que pasan en las noches y vuelven al siguiente día a territorio colombiano.
En poblaciones como General Farfán (Sucumbíos), la gente que llega en pequeñas lanchas permanece en silencio. Cuando se pregunta qué llevan en grandes cartones no responden. Una mujer que llevaba dos lonas apenas dijo que compran comida para toda la semana. Un ecuatoriano que vive allí dice algo contundente: “Si estás callado no pasa nada. Es mejor llevar la fiesta en paz”.
Los militares saben que los pobladores no colaboran con ellos y que existe recelo para hacerlo.
Por ejemplo, los soldados que operan en la frontera con el Carchi dicen que eso se debe a que con los operativos constantes se ha impedido que los campesinos asentados en la frontera trasladen productos ilícitos y hasta cargamentos de dotación para las fuerzas irregulares de Colombia.