En la zona de los juzgados, entre las calles Vicente Piedrahíta, Clemente Ponce y Seis de Diciembre, se vive un ambiente de fin de fiesta. La causa: las copiadoras, los restaurantes, cafeterías, cebicherías y otros pequeños negocios se quedan sin sus clientes principales, cientos de empleados judiciales que se trasladaron a otros edificios del norte de Quito.
Por el momento, ya que hasta finales de diciembre la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha se reunificará en un gran complejo del sitio El Pedregal, en el noroccidente.
El tráfico es menor por la zona aledaña a la Asamblea Nacional, propietaria del antiguo edificio del Palacio de Justicia de Quito, en el que trabajaban 32 Juzgados Civiles y de Garantías Penales (cerca de 250 funcionarios).
Entre ayer y hoy se cambian al edificio Pan Francés (Ramírez Dávalos N-599 y 10 de Agosto), nueve juzgados civiles -10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 24 y 25, encargados de divorcios, litigio de terrenos, estafas… Relaciones Públicas del Palacio de Justicia informó a los usuarios, por rótulos fijados en ese lugar, las direcciones respectivas. Han dejado información en los casilleros judiciales, que aún están en el viejo edificio, hoy en remodelación, y han enviado al Foro de Abogados y a los casilleros judiciales electrónicos.
Se quedarán los juzgados de Tránsito –alrededor de 344 personas entre funcionarios y administrativos- y los tres juzgados de la Niñez.
El trajín ha bajado. Sin embargo, los ciudadanos que buscan los trámites van y vienen a arreglar sus deudas pendientes por el pago de juicio de alimentos o por un accidente de tránsito.
Sudoroso en su terno gris, José Párraga dice que “menos mal que los de Tránsito siguen aquí, ya que hasta que se organicen en otro sitio perdería tiempo”. Él se esfuma por el corredor semioscuro de baldosa, custodiado por policías con cara de pocos amigos.
En la estrecha calle Clemente Ponce, hacia el occidente del Palacio de Justicia, se levantan edificios de abogados, cafeterías, copiadoras; y el Ministerio de Relaciones Laborales. Hay que esquivar a la gente para circular por la estrecha vereda.
En el edificio Fénix, blanco y desconchado, se halla la ‘hueca’ que fuera de los judiciales: un amplio patio de comidas típicas que da a la calle Luis Felipe Borja, enigmática y solitaria por su casonas de los cincuenta que parecen abandonadas.
Con la alerta de un celador nocturno, el lojano José Ochoa, de 32 años, está solícito para despachar sus golosinas únicas, como él las nombra: guata de camarón, sopa de cangrejo, cebiche de picudo, el propio repe lojano, aderezado con guineo de seda y arveja.
Él y su esposa, Diany Zambrano, se sienten de capa caída ya que hasta antes de que se fueran los judiciales vendían entre 250 y 260 almuerzos diarios a USD 2,25.
Pagan USD 280 de arriendo del local y ganaban para seguir. “La guata de camarón es el segundo plato, nomás”, aclara Ochoa, de espesa barba y pelo negro. Hoy vende 50 almuerzos al día. “Si la situación sigue así–dice- cerraremos la Cebichería Manabita”.
Atenta, le escucha Diany, de Rocafuerte, la tierra de los dulces costeños. Ella pone la sazón manaba, que la aprendió de su hermana, madre y abuela.
Los dos residen 14 años en Quito. Si aquí los días siguen de bajada piensan llevar el salón a La Marín, cerca del que atiende Karina, hermana de Diany. Por ahora, los empleados del Ministerio vecino son sus clientes. Los esposos compran en San Roque, “donde todo viene fresquito”, dice Diany.
Se quedan envueltos en los sabores que hacen agua la boca. Al lado se halla la Cafetería del cuy, de comida lojana, cuya dueña, una señora rolliza, ve con desaliento las sillas vacías.
En el edificio Salazar Páramo, de tres pisos, opera el pequeño local de copias de don Reinberto Saltos, del cantón El Corazón, Cotopaxi. “El dueño es mi hijo, Julio, yo le ayudo”. Confiesa que sí les afectará la salida de los judiciales. Reinberto, de 81 años, muestra la copiadora Ricoh en la que sacaba miles de copias de los juicios de toda índole. El local abrió hace 10 años. Cobra USD 0,55 por copia.
Media cuadra abajo, Elsa Cucho se afana en la preparación de encebollados en El Ostión.
Dice que la albacora, el ingrediente clave, le llega fresco de Manta. Su esposo, El Nacho, pela las yucas y pica el cilantro. Todo colocan en una gran olla de aluminio, similar a las de hospital.
“Claro, afirma Elsa, a los judiciales les encantaba nuestro encebollado y los cebiches de concha; los vamos a extrañar, servíamos 40 platos por día a los funcionarios, a solo USD 1,75 cada uno”.
Los cangrejos expuestos en la vitrina tientan a los transeúntes, la mayoría de terno, corbata y maletín, con pinta de abogados.
En el edificio Jácome
Al edifico Jácome (av. 10 de Agosto 58-44, entre Pereira y Arízaga) se pasaron los juzgados de Garantías Penales -3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 18-. En esta semana el ajetreo fue común. Jueces que pedían acondicionar las salas de audiencias, conserjes acomodando sillas y escritorios, empleados ajustando los archivos.
El doctor Vicente Altamirano, juez 4 de Garantías Penales de Pichincha, recién volvía de vacaciones. Altamirano, de 53 años, dice que siente un poco de nostalgia por el cambio de casa, “pero lo importante es seguir trabajando”.
Junto a su oficina, decorada con dos figuras de bronce de la mujer ciega que simboliza a la justicia, preparan la sala de audiencias.
“Hoy -dice- los procedimientos son orales, públicos y contradictorios; tenemos un promedio de cinco audiencias por día, todo queda por escrito, en actas, como constancia de los juicios”.
Graduado en la Universidad Central y especializado en la U. Andina, el juez explica que tratan miles de juicios de tráfico de droga, delitos sexuales, trata de personas, robos, etc.
El doctor José Bonilla, secretario del Tribunal 4 de Garantías Penales, sostiene, vehemente, que “como buen soldado estará donde la patria lo requiera”.
Admite que sí extraña el viejo palacio, mas está a gusto en el edificio Jácome, de salas amplias. Al igual que Altamirano, no descubre una rica ‘hueca’ para comer.