Exministro Raúl Carrión tiene cinco sentencias sin ejecutar

La defensora pública Lolita Montoya habla con el exministro Raúl Carrión, en la Corte. Foto: Julio  Estrella / EL COMERCIO

La defensora pública Lolita Montoya habla con el exministro Raúl Carrión, en la Corte. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Los jueces Miguel Jurado, Luis Enríquez (centro) y Marco Rodríguez, en la audiencia. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El exministro del Deporte, Raúl Carrión, recurrió a una parábola de la Biblia para explicar por qué la Corte Nacional Justicia (CNJ) lo sentenció a cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencias.

“¿Dónde están los que me acusan?”, parafraseó y señaló al excontralor general Carlos Pólit, ahora prófugo en Miami.

Según Carrión, la condena de ayer, la quinta en su contra, “es una muestra más de una persecución política” de la que dice ser víctima. Agregó que el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría fue “un invento” de quien dirigía la entidad.

Ese documento sirvió como prueba para que en el 2009 se abrieran 12 procesos penales en su contra. El informe volvió a ser mencionado por el juez Luis Enríquez, presidente del Tribunal Penal, quien lo juzgó.

El caso también fue conocido por los magistrados Miguel Jurado y Marco Rodríguez.

Al igual que en los cuatro juicios anteriores, Carrión se presentó en la Corte, para conocer la resolución. Su abogado particular no lo acompañó y fue asistido por la defensora pública Lolita Montoya.

Al finalizar la diligencia, el exministro se despidió de los jueces y funcionarios de la Corte con un apretón de manos. Se refirió al tema en una rueda de prensa y regresó a Guayaquil, en donde reside.

No fue detenido porque esa condena, al igual que las anteriores, no está en firme.

La defensora pública Lolita Montoya habla con el exministro Raúl Carrión, en la Corte. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Para que aquello ocurra, los jueces deben resolver los pedidos de apelación, casación y revisión, presentados por la defensa del exministro.

En el 2009 solo cumplió un año de prisión preventiva y después quedó en libertad.

Desde entonces, cada 15 días se presenta en la Corte del Justicia del Guayas y tiene prohibido salir del país.

Carrión dijo que siempre ha cumplido las medidas impuestas por los jueces. “Son 330 veces que me he presentado”.

Tras conocer el fallo, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, señaló que esta última sentencia es una muestra de que “la lucha contra la impunidad continúa firme”.

“Tres sentenciados más engordan la herencia correísta. Ya suman 18 exaltos funcionarios del gobierno anterior en las cárceles del país por corrupción”, escribió en Twitter.

Por el delito de tráfico de influencias también fue condenado el exasesor de Carrión, Fernando Moreno. Él está encarcelado y cumple una sentencia por lavado de activos en otro proceso penal.

El tercer sentenciado de ayer es Patricio Sánchez, quien se encuentra prófugo. No se presentó a la audiencia y tampoco acudió su abogado particular.

Los procesos penales en contra de estos exfuncionarios incluso fueron tramitados por la desaparecida Corte Suprema de Justicia, que entre el 2008 y el 2011 estuvo presidida por Vicente Troya (fallecido).

Luego pasaron a las cortes nacionales del 2011 y del 2015, dirigidas por Carlos Ramírez.

La actual, conducida por Paulina Aguirre, es la cuarta administración en conocer el caso.

“Ya son 10 años, ¿en dónde está la celeridad de la justicia?”, se preguntó Carrión.

La audiencia de ayer, por ejemplo, fue postergada en tres ocasiones, desde agosto del 2018. Una de las razones es que la mayoría de los jueces penales ya ha conocido los casos de Carrión y no pueden volver a tramitarlos, pues “debe existir imparcialidad”.

Erwin Blum, abogado de Carrión, ha criticado también la demora que han tenido los procesos judiciales de su cliente. Para él, el delito de tráfico de influencias, por el que fue sentenciado, incluso está prescrito. “Han pasado más de cinco años, que es el plazo que establece el Código Penal”.

Su argumento fue rechazado ayer por el Tribunal Penal.

Los jueces indicaron que el caso se inició por una acusación de peculado, un delito que no prescribe. Sin embargo, las autoridades reconocieron que la Fiscalía y la Procuraduría, en su calidad de acusador particular, no lograron probar que Carrión haya malversado los fondos públicos durante la construcción de un complejo deportivo en Rioverde, en el norte de Esmeraldas.

Lo que sí se probó es que el exministro, junto a dos antiguos asesores, fraccionó una obra que debía ser contratada y que a través de este procedimiento favorecieron a 11 proveedores y contratistas.

Esto lo habrían realizado para evitar los controles del Estado, pues al ser obras de mínima cuantía ya no debían entrar a procesos de licitación, indicaron los jueces.

Carrión, en cambio, dijo que no subdividió los contratos y que cuando él estuvo en el Ministerio del Deporte la obra fue desarrollada por otra entidad que le traspasó el proyecto. Además, agrega que en todos sus juicios se presentan las mismas pruebas y el mismo informe de la Contraloría.

Señala que se han vulnerado sus derechos.

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