La exdirectora Financiera de la Corporación Nacional de Electricidad en Sucumbíos (CNEL), fue sentenciada a 12 años de cárcel por peculado. Este hecho se conoció este jueves 8 de diciembre del 2022.
Según las investigaciones, ella habría incurrido en este delito de corrupción mientras fue funcionaria en esa institución. El delito supuestamente se perpetró en el 2013.
La acusación de Fiscalía
Durante la audiencia de juicio, la Fiscalía probó que la procesada “se aprovechó de sus funciones y tuvo injerencia directa en el manejo de los recursos económicos”.
Según la entidad investigadora, ella desvió USD 65 398,88 a la cuenta de una tercera persona, quien era su tía política. Ella también fue procesada en esta causa penal, pero el Tribunal ratificó su estado de inocencia al considerar que su conducta no encajaba en el delito de peculado.
“Su defensa pudo demostrar que fue la hoy sentenciada quien la habría convencido de abrir una cuenta en la institución financiera donde se realizaron los depósitos de los dineros provenientes de CNEL”, indicó la Fiscalía.
Esa entidad añadió que el fiscal a cargo del caso, Alejandro Orellana, demostró que desde la cuenta bancaria institucional de la Unidad de Negocios de CNEL de Sucumbíos, se ejecutaron 12 transferencias inusuales, por un monto total de USD 65 398,88 a la cuenta de la tía política de la procesada, quien además era proveedora de servicios para la eléctrica estatal.
Entre las principales pruebas presentada por Fiscalía constan versiones de funcionarios y exempleados de CNEL Sucumbíos, un examen especial a las transferencias bancarias efectuadas desde la Institución a la procesada que fue declarada inocente. Este fue practicado por la Contraloría General del Estado, entre el período del 1 de mayo de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
Además se presentó como pruebas las pericias contables que corroboraron los movimientos financieros irregulares.
Monto de reparación
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos dispuso que la exfuncionaria pública pague USD 65 398,88 dólares por daños y perjuicios al Estado ecuatoriano.
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