El exasambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, William Garzón Ricaurte, falleció este 11 de enero de 2022. El deceso del político, de 56 años, quien ocupó una curul en el Legislativo por dos períodos, se conoció a través de distintos mensajes de condolencias emitidos en redes sociales.
En uno de esos, el actual legislador Gruber Zambrano, también de la tierra Tsáchila, se solidariza con su familia, el padre y su hijo. Ambos estuvieron vinculados al gremio ganadero en esta provincia del occidente del Ecuador. Las causas de la muerte de Garzón, quien fuera médico y cirujano, no se han dado a conocer oficialmente. Los familiares del exlegislador, quien además fue presidente de la Comisión de Salud en la anterior Asamblea, no se han pronunciado al respecto.
En comentarios de redes sociales se emitieron varias versiones, pero aún no se ha confirmado la causa. William Garzón llegó a la Asamblea por primera vez en 2013 hasta 2017 y luego fue reelecto para el período 2017- 2021 de la mano del movimiento Alianza País. Garzón no estuvo exento de polémicas durante su paso por la política.
El portal La Historia en el marco de la investigación del caso Arroz Verde lo señaló por sus injerencias en la toma de decisiones en el hospital del IESS de Santo Domingo de los Tsáchilas. Sucedió luego de que la Comisión Anticorrupción en esta provincia diera a conocer en 2019 que la exesposa del político tenía a su cargo el contrato por el servicio de catering en esa casa de salud. Ese medio digital también publicó lo siguiente: “y eso implica, sostienen (atribuyendo a la Comisión), que decide quienes están al frente del hospital, como la designación del actual gerente de la casa de salud”.
En el portal de consultas de la función judicial se muestra una causa seguida por la Contraloría General del Estado por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, que llegó a investigación previa, evidencia que el órgano de control le seguía la pista por su gestión como concejal entreel 1 de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. El caso se quedó en una consulta que debía responder la Fiscal General del Estado y cuyo requerimiento fue enviado en enero de 2021.