Jaime Solórzano, ex ejecutivo de la cadena de casinos Invermun, tiene orden de prisión preventiva desde ayer. El IX Tribunal Penal de Pichincha lo decidió, luego de que el acusado faltara a la audiencia convocada para las 08:10, en Quito.
La denuncia fue interpuesta por Vinicio Alvarado, secretario de la Administración Pública; Fernando Alvarado, secretario nacional de Comunicación; y Juan Carlos Cassinelli, asambleísta oficialista. Solórzano es acusado de desacato.
Vinicio Alvarado expresó, a la salida del Tribunal, que Solórzano “está tratando de alargar el proceso, es la tercera vez que nos hace venir, vienen los testigos y no ellos”. Así reportó el portal gobiernista El Ciudadano.
El Tribunal también fijó una multa de cuatro salarios mínimos en contra del abogado Joffre Campaña, parte de la defensa de Solórzano.
Este proceso comenzó a raíz de que el ex ejecutivo denunciara a varios colaboradores del Gobierno, entre los que constaban los ahora demandantes, de supuestamente recibir sobornos de la cadena Invermun.
Según la herramienta ‘consulta de procesos’ de la página web de la Función Judicial, se registra la recepción de una justificación para la inasistencia del acusado. En el escrito, la defensa expresa que “el presente Tribunal se ha arrogado ilegalmente atribuciones que están fuera del ámbito de su competencia en razón de
territorio”.
Bajo esa premisa, manifiesta que “el expediente es nulo (…), me niego rotundamente a comparecer a una audiencia de juzgamiento de un proceso viciado”. En 12 puntos alega supuestos “abusos” durante el proceso. Entre ellos, negar peritaje a la computadora de Solórzano.
El 30 de diciembre, el Tribunal negó la solicitud de comparecer por “videoconferencia, ya que el acusado es testigo protegido de la Fiscalía”. Solórzano hizo ese pedido porque “una enfermedad le impide viajar a Quito”.
El caso Hotel Quito
A pesar de que el plazo para el cierre definitivo de las salas de juegos en los hoteles cinco estrellas termina el 16 de marzo, el casino del Hotel Quito cerró sus puertas despidiendo a 120 empleados de forma intempestiva, informó anoche Teleamazonas.
El gerente Fernando Piculio, que prefirió no hablar en cámaras, explicó que los costos de mantenimiento no justifican más el funcionamiento del casino. El arriendo al IESS (propietario del hotel) cuesta USD 50 000 mensuales.
Los trabajadores solicitaron al Ministerio de Trabajo acercarse para constatar su situación.