6 de September de 2011 00:18

Ex diputados rechazan indemnizar a jueces

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[[OBJECT]]Ex diputados como Luis Villacís y Gilmar Gutiérrez insisten en que los 31 ex magistrados , destituidos el 8 de diciembre del 2004, no tienen argumentos para exigir una indemnización ni la restitución a sus cargos. Tampoco que a los parlamentarios de ese entonces les corresponderá responder por una potencial compensación.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia fueron defenestrados en una sesión extraordinaria del Parlamento, tras la convocatoria realizada por el presidente Lucio Gutiérrez, 72 horas antes.

Este caso que sacudió a la justicia ecuatoriana retomó coyuntura la semana pasada, luego de que se hiciera público que la demanda de los juristas ecuatorianos pasó a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual conoció el caso en el 2004, sugirió al Estado ecuatoriano la restitución de los cargos a los jueces, como medida de reparación. De no ser aplicable esa disposición, debería darse una indemnización, aparte del pago de los sueldos no percibidos.

22 días después de su destitución, 28 de los 31 ex jueces, encabezados por Hugo Quintana Coello, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia, plantearon el pedido o juicio por reparación. En su demanda exigieron la reincorporación a sus puestos y el pago de haberes atrasados.

No obstante, Villacís, en ese entonces diputado por el Movimiento Popular Democrático (MPD), manifiesta que el Estado ecuatoriano será quien deberá cubrir, “porque la demanda está planteada en su contra”.

Enrique Ayala Mora, quien participó en la sesión del Congreso que destituyó a los ex jueces, insistió en que la “responsabilidad recae en quienes votaron a favor de la moción. Los diputados socialistas no apoyamos. Si ese día nos quedamos en la sesión, no fue por dar quórum como nos acusaron, sino para dar pelea”.

A su vez, el procurador Diego García anticipó en que si se dispone una indemnización, el Estado recurrirá a un juicio de Repetición. Es decir, que demandará a quienes apoyaron la destitución a los 31 ex jueces, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

Pero para Villacís, los ex magistrados “no tienen derecho a ninguna indemnización, porque quienes estuvieron administrando justicia no cumplieron a cabalidad. Nosotros mismo fuimos víctimas de eso, ya que ha dado lugar a retardar y ahora que se intente prescribir el juicio por el asesinato de Jaime Hurtado”.

Villacís y Gilmar Gutiérrez coincidieron en que esa decisión fue tomada por diputados que tenían inmunidad parlamentaria.

“Eso nos exime de responsabilidades civiles, penales y administrativas por nuestras acciones parlamentarias”, aseguró Gutiérrez entonces diputado por el partido de Gobierno, Sociedad Patriótica. Agregó que “se debe poner énfasis en la actuación del Gobierno y el Procurador. Creo que a ellos les han notificado hace más de seis meses y los diputados de ese momento ni nos hemos enterado sobre la decisión de la CIDH y aún más que ahora el proceso ya está en la Corte IDH”.

Gilmar Gutiérrez insistió en que “ya les vemos al Procurador y al presidente Correa prevaricando al hablar de repetición, o sea perdiendo el juicio. Eso quiere decir que ellos nunca hicieron por defender al Estado”.

Los ex diputados insistieron en que el Procurador debió llamar al Presidente del Congreso y a los diputados de esa época para “hacer y ejercer una defensa, para argumentar el por qué se tomó esa resolución”. Pero que, mediante llamadas telefónicas, averiguó a Rafael Dávila, Omar Quintana y otros ex diputados, quienes también adujeron desconocer de la notificación de la CIDH. “Por eso el derecho de repetición debería ser en contra del Procurador y del Presidente de la República”.

En esta semana, algunos ex diputados intentarán reunirse para analizar el caso y definir si es necesario establecer una defensa ante la Corte IDH y para explicar por qué destituyeron a los jueces y conjueces de la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La defensa de los ex jueces prefirió reservarse sus opiniones sobre el caso, aunque indicó que aún no están definidos los montos para una potencial indemnización. Tampoco hay una propuesta desde el Estado. La Corte IDH será quien defina las cantidades de dinero y más compensaciones.

El planteamiento ante la CIDH es que, más que una indemnización, sea una reparación. En especial, porque en las circunstancias actuales resulta más compleja una restitución de cargos, porque ya no es CSJ sino Corte Nacional, y tiene menos integrantes (21).

Así también, el Estado deberá comprometerse a una reforma legislativa para precisar las causales de destitución de magistrados. Aparte que deberá pedir disculpas públicas a los ex magistrados . La defensa espera que la Corte IDH decida sobre el caso hasta diciembre del 2012.

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