Ex asesora de AP preside la Sala Penal

Ayer,  en la Corte Nacional de Justicia.   De izq. a der. los jueces  penales Jorge Blum,  Gladys Terán,  María Vintimilla y  Wilson Merino.

Ayer, en la Corte Nacional de Justicia. De izq. a der. los jueces penales Jorge Blum, Gladys Terán, María Vintimilla y Wilson Merino.

Las Salas de la naciente Corte Nacional de Justicia se configuran poco a poco. Ayer se nombraron a siete de los ocho presidentes.

La única Sala Penal, en donde se ventilarán casos polémicos como el juicio que el presidente Rafael Correa planteó en contra del diario El Universo, será presidida por una ex asesora de al menos tres funcionarios cercanos al movimiento oficialista Alianza País.

Pasado el mediodía, la jueza María Vintimilla fue nombrada titular de esa única Sala Penal. En los archivos digitales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) hay documentos que precisamente revelan sus nexos con AP. Por ejemplo, de agosto del 2010 a febrero del 2011 Vintimilla fue subsecretaria del Austro de la Secretaría Nacional del Migrante.

En el 2008 (Constituyente de Montecristi) Vintimilla fue asesora de la asambleísta de AP, Rossana Alvarado, con una remuneración mensual de USD 3 200. Desde julio del 2009 hasta enero del 2010 fue asesora del entonces canciller Fander Falconí.

Para llegar a la Presidencia, Vintimilla obtuvo el voto de siete de los nueve jueces que integran la Sala. Ella es la sexta mejor puntuada del grupo y ocupó el puesto 16 de entre los 21 mejor puntuados del concurso que designó a la nueva Corte Nacional de Justicia.

A más del caso El Universo, esta instancia penal también deberá conocer los juicios pendientes en contra de los ex presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad. En este último está por resolverse una apelación que presentara su defensa, el mes pasado, para dejar sin efecto la orden de captura internacional pedida por el entonces conjuez de la Segunda Sala Penal, Luis Pacheco.

La nueva instancia penal deberá resolver además el juicio de los hermanos Roberto y William Isaías, por el caso Filanbanco.

La polémica generada en torno a la anulación del juicio del ex vicepresidente de la República Alberto Dahik también llegará a manos de la naciente Sala Penal.

La anterior Corte dejó pendientes 2 610 causas penales. Hasta ayer, los funcionarios no sabían exactamente cómo se repartirán los juicios. “Primero tienen que fusionarse los casos de las dos Salas que existían (ver cuadro) y empezar a sortearse cada proceso para tres jueces. Esto tenemos que hacerlo inmediatamente. Si no se puede realizar con un sistema informático, tendremos que hacerlo manualmente”, sostuvo ayer el juez penal Jorge Blum.

Vintimilla cree que se deben resolver las causas en orden cronológico, es decir, conforme al orden en que llegaron a la Corte. “Hay juicios del 2006 y en algunos casos han fallecido los proponentes y el caso ha pasado a los hijos. La celeridad de los juicios represados hará que recobremos la confianza de la ciudadanía”, señaló.

Wilson Merino calificó al caso de El Universo como un juicio de afectación y de interés nacional. “Si se debe resolver con mayor anticipación los casos polémicos como este, es por el efecto que tienen en la ciudadanía”. No obstante, afirmó que se tratarán todos los juicios con la misma celeridad y se aplicará la ley de la igual modo.

Vintimilla no es la única presidenta de la Sala que colaboró con el oficialismo. La sala civil estará presidida por Paúl Íñiguez. Según los documentos que entregó en el Consejo Transitorio, en el 2008 fue asesor de la asambleísta Linda Machuca, de A. País. Él también es parte de la Sala Penal.

A Álvaro Ojeda, en cambio, le nombraron titular de la Sala de lo Contencioso administrativo. En el 2007 su jefe en Andinatel fue José Serrano, hoy ministro del Interior.

José Suing presidirá la Sala de lo Contencioso Tributario. En el 2007 fue consultor de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).

Al respecto, él aclaró que “por ese hecho aislado (contrato por siete meses) no se puede deducir, un nexo o relación con el dotor Fander Falconí, y menos con el movimiento político de Gobierno”.

Además, aseguró que en sus “más de 20 años de ejercicio profesional” ha suscrito “muchos contratos con varias instituciones públicas y privadas”.

Según el jurista, ese contrato con Senplades no incidirá“en mi imparcialidad en el desempeño como juez nacional, que ha sido la característica de mi trabajo realizado por más de dos años en la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia”.

En medio de este ambiente, la jueza Vintimilla calificó como un “trabajo titánico” el evacuar todas las causas. A la Corte Nacional ingresan cada año, en promedio, 7000 juicios.

El juez Merino aseguró que hay una agenda de audiencias hasta diciembre del 2012 que heredaron de la anterior Corte. “Pero esa agenda estará sujeta a cambios a partir de la realización del sorteo de expedientes”.

Los conjueces ayudarían a evacuar lo represado. En el concurso para elegir a los magistrados se señaló que serían 21 conjueces con trabajo permanente. No obstante, se plantea la posibilidad de que sean un número mayor. Esto, para que se facilite la solución de los casos. Por ahora, en la Corte también se organiza la ubicación de las oficinas.

Las notificaciones

La entrega de  notas  tras   la evaluación de noviembre aún preocupa  a los    judiciales. Ayer se conoció que   al menos  dos  dirigentes  de Pichincha no alcanzaron los 70 puntos  que como mínimo son exigidos para  permanecer en el cargo.
   
Uno de ellos dijo que apelará la nota y aseguró   que  un  dirigente de Cuenca tampoco ha conseguido los puntos necesarios.
    
La Judicatura  notificó a los empleados que  cumplieron con la fecha  convocada para las pruebas. Las puntuaciones  de  los  rezagados llegarán  luego.
   
El Consejo de la Judicatura organizará un  tribunal para tramitar las apelaciones presentadas por los judiciales. Este  órgano estará conformado por cuatro personas, aunque allí no aparecen los representantes de los empleados.   
 
En los juzgados hay preocupación, pues conocen que el resultado de las pruebas   psicotécnicas no serán apelables.

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