El dinero se retiró en plena mañana. El blindado verde se parqueó en las afueras del banco y los guardias trasladaron los valores.
Frente de los celadores circulaban mujeres, personas de la tercera edad y niños. Los uniformados tomaban sus fusiles y miraban a las personas que iban por allí.
Esa forma de operar de los blindados no ha cambiado, pese a que hace un año se dijo que el transporte de fondos se realizaría en horarios menos concurridos.
Sin embargo, el jefe del Departamento de Seguridad de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), Pablo Córdova, dijo ayer que sí hay acuerdos, pero a nivel de centros comerciales.
El 1 de julio, directivos de esos locales, los bancos y las compañías de transporte de valores decidieron que el dinero sea trasladado en horarios de no atención al público: de 07:30 a 09:30. “El objetivo es evitar hechos como los del Quicentro o El Recreo”.
Precisamente, ayer siete hombres fueron detenidos por el asalto al primero de estos centros comerciales (18 de junio) y el juez penal XXI, Carlos Erazo, dictó prisión preventiva. El jurista argumentó que los sospechosos no justificaron arraigo social (tener familia, trabajo o casa).
En la mañana, los agentes del GIR, vestidos con trajes de camuflaje gris, esposaron a los sospechosos y los trasladaron en fila al octavo piso de la Fiscalía de Pichincha, norte de Quito. Otro grupo de uniformados custodiaba los ingresos al edificio.
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En las esquinas aledañas a la Policía Judicial, agentes que vestían jeans y chompas azules con letras blancas vigilaban los alrededores y portaban fusiles Ruger. El ambiente era de tensión allí luego de que el ministro del Interior, José Serrano, anunciara en Twitter sobre la aprehensión. Inicialmente se aseguró que eran seis.
Según la Policía, 100 uniformados participaron en un operativo que comenzó la tarde del jueves y finalizó la madrugada del viernes en tres barrios de Quito y en Canoa (Manabí). Cuatro inmuebles fueron allanados y detuvieron a César A., Wilton M., Ramiro A., José M., José V., Francisco R.
“La operación se realizó en Guamaní, El Camal y Chillogallo. En las investigaciones se pudo determinar que los hoy detenidos estarían vinculados y que habrían participado en el asalto y robo (del Quicentro)”, informó ayer el Ministerio del Interior.
El asalto en el Quicentro se produjo 11 meses después de otro hecho similar, que se registró en el Centro Comercial El Recreo (sur de la capital), donde un guardia de seguridad fue asesinado.
¿Cómo mejorar los sistemas de traslado de valores en todos los espacios? Manuel García Jaén, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Ecuador, añade que la disposición para que los fondos se retiren en horas en que no haya gente está vigente a escala nacional.
Pasado el mediodía de ayer, Serrano informó en Twitter que un séptimo sospechoso del asalto al Quicentro fue detenido y que portaba un arma de fuego.
Precisamente, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC) revela que, en el 2011, un 54% de asaltos y robos a personas se cometió con ese tipo de armamento. En el 2010, el promedio era del 60%.
El asalto reportado en el Quicentro Sur se registró en medio de un incremento acelerado de los asaltos tipo sacapintas (atracos en las afueras de los bancos) en Quito. Según cifras del OMSC, de enero a mayo del 2012 hubo 104 denuncias. En el mismo lapso del 2010 se reportaron 82 y en el 2011se registraron 48.
Desde el año pasado, la Comandancia de Policía de Quito creó el servicio de custodia de valores para personas que realizan retiros de “altas sumas de dinero”.
Si una persona requiere de este servicio, debe comunicarse con el 101. Según el Ministerio del Interior, de enero a junio de este año la Policía realizó 5 349 operativos de este tipo y acompañó a los clientes de los bancos.
Como una medida de seguridad, desde el año pasado se anuncia que en los bancos se instalará inhibidores de celulares. Pero ayer, Córdova señaló que la instalación está en su última fase.
En el caso del Quicentro, una vez con prisión preventiva, los sospechosos serán sometidos a investigaciones fiscales.