Afectados por la inmobiliaria en la av. Santa Mariana de Jesús recorrieron los terrenos. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Las obras quedaron inconclusas. 17 estructuras de bloque visto están abandonadas desde el 2011. Son parte de un proyecto inmobiliario que tenía que construirse en tres etapas, hasta el 2013, en terrenos que están ubicados en la avenida Santa Mariana de Jesús, km 1,6, en el norte de Guayaquil.
Seis perjudicados por dos inmobiliarias volvieron al sitio. Quieren que se resuelva el caso. Mientras caminaban vieron las paredes teñidas de negro,
por el polvo y el esmog. Entre las fisuras de las paredes y pisos crecen plantas y maleza.
Edy Espín, un militar en servicio pasivo, pagó USD 17 495 por su casa de 115 metros. El costo total era de USD 70 000. En las carpetas tiene cada documento: depósitos, recibos, oficios, contratos y demandas.
El escándalo de esta estafa masiva estalló en el 2015. El gerente de la empresa fue procesado y condenado a 10 años de prisión, en primera y segunda instancias. En la Corte Nacional se aceptó un pedido de revisión, en la que se redujo el tiempo de cárcel a 36 meses, al considerar que se lo debió juzgar con el antiguo Código Penal y no con el vigente. Otras cinco personas están prófugas.
El procesado está libre, pero no ha pagado USD 24 millones como reparación integral a 1 200 afectados, pues amenaza con declararse insolvente. Hoy vive fuera de Ecuador. En el país no hay una norma que determine prisión por deudas.
Para cumplir con la primera cuota de su contrato, Espín vendió su auto y solicitó préstamos a cooperativas. Lamenta que hayan pasado cinco años desde el inicio del proceso legal y los perjudicados no hayan recuperado su dinero.
La Superintendencia de Compañías intervino en este caso. De acuerdo con la información que recopiló, la empresa no disponía de recursos para garantizar sus acreencias.
Diego Pinos se acomoda la gorra. Aprieta sus puños y traga saliva antes de contar su historia. Depositó USD 27 000 que recibió por su jubilación.
Ahora, con 63 años, debe pagar un arriendo. Su hermana, que emigró a EE.UU., invirtió USD 53 000 de los ahorros de su vida. Quería volver y vivir en casa propia. Ahora cree que el dinero es “incobrable”.
Solo en este caso, 12 personas han fallecido a la espera de recuperar algo de su inversión.
Otras tienen enfermedades. Al esposo de Sandra Farfán le detectaron cáncer al cerebro. Ella solicitó, en el 2014, que se le devolvieran USD 18 700 que aportó desde el 2010. Necesitaban el dinero para los gastos médicos. No recuperó nada.
Archivos de la Policía muestran que de enero a noviembre del 2019 hubo 75 denuncias y el 2018 sumaron 127.
Pero este Diario halló que en una sola denuncia pueden existir hasta 250 perjudicados.
Uno de los casos pertenece a Rafael Herrera. En el 2016, él se contactó con una empresa que tenía una página en Internet. Acudió a las oficinas, en el norte de Quito, y eligió una vivienda cerca del puente 2 en la autopista General Rumiñahui.
Pagó USD 3 000 de entrada y el resto planeaba cubrirlo con un préstamo del Biess.
La vendedora lo acompañó a los terrenos. Un guardia los dejó entrar y vio los trabajos.
Meses después le comunicaron que su casa ahora sería en el puente VI. Nuevamente la trabajadora lo acompañó. Todo parecía en orden.Una semana más tarde acudió solo. Conversó con el arquitecto residente y se llevó una sorpresa: el proyecto pertenecía a otra empresa. Con el profesional acordaron encarar a los vendedores y ambos se citaron en la oficina. En ese encuentro hubo golpes e insultos. Luego puso una denuncia.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), que agrupa a 21 compañías en el país, explica que hay firmas inmobiliarias con trayectoria y documentos que avalan su legalidad. Pide que los usuarios recurran a esas firmas.
La Superintendencia de Compañías dice que cuando hallan posibles irregularidades comunican a la Fiscalía. “Como parte del plan de control se inspecciona a las inmobiliarias. Pueden ser 20 al año solo en la oficina matriz (de Quito) y ese número puede duplicarse a escala nacional”.
Esta entidad añade que no hay plazos para que los sentenciados cumplan con los pagos.
Una de las últimas medidas a las que recurren las víctimas es la liquidación de las empresas, lo cual tampoco garantiza que recuperen lo invertido.
Liquidadores de proyectos inmobiliarios dicen que la Ley prioriza el pago de las deudas con el Estado, para luego cumplir obligaciones con entidades financieras que tienen documentos de acreencias. Por eso hay personas que se cansan y abandonan los casos.
En Facebook hay unos ocho grupos de afectados en distintos hechos. Lo único que dicen es que dieron por perdido su dinero, pero que quieren que sus casos se conozcan. “No voy a seguir gastando en abogados” o “Para qué seguir con esta tortura” son sus respuestas.
Para Inés Espinoza, desentenderse del proceso no es una opción. Su prima, que migró a Londres, le pidió comprar una casa y le envió dinero.
Ella eligió en una feria de vivienda a una compañía que se promocionaba en televisión, auspiciaba a equipos de fútbol y tenía antecedentes de haber cumplido con los proyectos.
Luego de cerciorarse de la legalidad firmó el contrato. Pagó USD 8 000, pero los propietarios de la empresa fueron detenidos. Eso le causó problemas en la salud. Se le bajó la presión y hoy tiene problemas en el oído, causados por el estrés al que estuvo sometida.
No olvide
Pida al vendedor que exhiba la Escritura de Adquisición, donde se ve cómo adquirió el bien.
En el Registro de la Propiedad verifique si hay prohibición de enajenación o hipotecas.
Verifique en el catastro municipal que no haya ventas efectivas sobre la vivienda.
Desconfíe si el monto de la casa es menor a proyectos similares que se ofertan en la zona.