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Estado de excepción: la renovación vuelve a la cancha de la CC

Los militares brindan apoyo a la Policía amparados en el estado de excepción vigente. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Luego de una semana en la que hubo cruce de dardos entre el presidente Guillermo Lasso y la Corte Constitucional (CC), nuevamente una decisión del Ejecutivo está en manos de los nueve magistrados del organismo.

La CC deberá emitir su control de constitucionalidad, ante la renovación del estado de excepción focalizado en nueve provincias, dispuesto por Lasso el 18 de noviembre pasado. La medida está planteada para 30 días, bajo la causal de grave conmoción interna.

El Gobierno volvió a apelar al estado de excepción con el argumento de que los índices delictivos no se han desvanecido en su totalidad, pese a los operativos que se ejecutaron en el último mes. En el anterior dictamen, la CC le recordó al Gobierno que el combate a la inseguridad se debe efectuar bajo el sistema ordinario.

La renovación que hizo el Ejecutivo camina en paralelo al estado de excepción dictado en el sistema carcelario, que rige desde el 29 de septiembre.

Hay expectativa por la respuesta de la Corte, ya que aún se debate si el Presidente cumplió o no el dictamen que dispuso que la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de las cárceles se debe limitar al perímetro exterior, incluido el primer filtro de ingreso de los recintos.

Luego de la última masacre perpetrada en la Penitenciaría del Litoral, con 68 muertos, Lasso criticó el dictamen y “llamó la atención” a la Corte. En respuesta, la CC acusó al Primer Mandatario de pretender “evadir
sus responsabilidades”.

Este cruce de señalamientos ha sido calificado como “error discursivo” por analistas. A este primer ‘impasse’ se sumó otro momento tenso, registrado el 15 de noviembre último en Guayaquil, cuando Lasso se reunió con todas las cabezas de las Funciones del Estado.

Ahí, Hernán Salgado, presidente de la CC, increpó al Primer Mandatario por el trabajo de sus asesores en el ámbito legal. Después, abandonó el encuentro. En la cita se encontraba Fabián Pozo, secretario Jurídico de la Presidencia.

Al finalizar ese cónclave, Lasso dispuso el ingreso de un contingente de Policías y Militares a la Penitenciaría del Litoral, tras la matanza.

Para el analista jurídico Esteban Ron, la disposición de que militares y policías ingresen a la Penitenciaria no irrespetó el dictamen de la CC sobre el estado de excepción en las cárceles. Advierte que el Ejecutivo y la Corte no están obligados a mantener una relación, pues existe una lógica de contrapesos.

A su criterio, el Gobierno no sobrepasó el dictamen por dos razones: los militares ingresaron con la “coordinación” de la Policía Nacional y había la “necesidad”, ante una nueva masacre carcelaria.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, en cambio, el Ejecutivo sí incumplió el dictamen. Si bien menciona que estos fallos son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, cree que en sus decisiones la CC ha excedido su facultad jurisdiccional y se ha desconectado de la realidad.

“Yo estoy en contra de la prohibición pública que le impuso la Corte al Presidente, porque la Constitución, en su artículo 165, sí permite disponer el uso de fuerza pública para superar las contingencias en el contexto de un estado de excepción”.

El secretario Pozo, en declaraciones de prensa, mencionó que los militares no han ingresado a los pabellones. Además, entre el cerco ubicado en la calle y el primer filtro hay una distancia considerable.

Quintana dice que, de considerarlo, la CC podría iniciar un procedimiento de verificación del cumplimiento de su dictamen. O también podría no pronunciarse, como ya ha pasado en “varios” casos, donde no se han respetado los fallos constitucionales.

El experto coincide con el llamado de la Corte Constitucional respecto de que la seguridad se debe atender de manera estructural y no solo mediante estados de excepción.

Wagner Bravo, general en servicio pasivo, considera que los temas que enfrenta el país requieren una presencia del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), donde ya se calificó al crimen organizado como amenaza.

Lasso ha dicho que empleará todos los recursos constitucionales y legales, además de “la fuerza de la Ley”, para hacer frente a la problemática.

En tres días concluirá el estado de excepción en las cárceles y se prevé que se dicte una renovación, que también deberá ser sometida a la CC.

Todos estos procesos ocurren en medio de una renovación de tres jueces de la Corte Constitucional, que ha estado marcada por tropiezos.

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