¿Los ciudadanos deberían portar armas en Ecuador? “No es adecuado y, además, es inconstitucional y anticonvencional”, dice la directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño.
¿Por qué? Armar a ciudadanos en general -explica- no permite discernir entre quiénes accederán a esas armas.
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dice que se armará a “los inocentes”. Pero Miño pregunta qué seguridad hay de que, efectivamente, solo los “buenos” accedan a las armas y las usen solo para defenderse. “Afirmar eso es ingenuo”, sostiene la especialista en derechos humanos.
Además, señala que la evidencia en países vecinos demuestra que permitir el porte de armas a ciudadanos es el origen de mayores situaciones de violencia. “El caso más ilustrativo es Colombia, en donde a partir de una ley que permitió a los campesinos portar armas, se originó el paramilitarismo y el recrudecimiento del conflicto armado”.
Miño señala que, además, la seguridad ciudadana es un deber estatal, que responde a su obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos. “Los ciudadanos no podemos autogarantizar nuestros derechos, ni asumir competencias que son privativas del Estado”.
Con eso coincide la exsecretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón. Es obligación del Estado, señala, garantizar la seguridad, que incluye la libertad de caminar sin que existan factores de violencia relacionados con la criminalización, el sicariato, el terrorismo, el acoso sexual en las calles o en los espacios públicos.
En Ecuador, dice Chacón, los ciudadanos no deberían portar armas porque su uso implica la garantía de saberlas usar como una herramienta de defensa; y, además, tiene que haber una condición psicológica-emocional que permita definir por qué se usa un arma. “En todo sentido se violarían los derechos humanos, ya que, el portar de armas a los ciudadanos causa un efecto de transgresión a la vida o a la intimidad de otra persona”.
Un ejemplo -dice- es lo que pasa en Estados Unidos, en donde los jóvenes llevan armas a las escuelas. “Estas son instrumentos de intimidación con sus compañeros”.
Si el Estado no alcanza, la exsecretaria enfatiza en que la solución no es que el ciudadano porte armas. “Lo que sí es necesario es el trabajo en políticas públicas para combatir la delincuencia”.
