Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Entrevista a Maribel Barreno, vocal del Consejo de la la Judicatura.
La Judicatura anunció el año pasado que se evaluará a los fiscales del país. ¿Cómo está el proceso?
Esto comenzará con la aprobación del reglamento que está a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura y será aprobado en el transcurso de febrero de 2020.
¿Cuántos fiscales serán sometidos a evaluación?
813 fiscales del país. El 53,01% son de la Sierra, el 39,73% de la Costa e Insular y el 7,26% de la Amazonía.
¿Con quiénes comenzará este trabajo?
La evaluación de desempeño y productividad se desarrollará de forma simultánea a todos los fiscales provinciales, agentes investigadores y fiscales de adolescentes infractores a escala nacional, independientemente de la unidad a la que pertenezcan. En el caso de la Fiscal General, el Consejo de la Judicatura no goza de la facultad legal para analizar su gestión.
¿Por qué la Judicatura decidió analizar primero a los fiscales y no sigue con los jueces provinciales o de primer nivel como fue el anuncio inicial?
Tomemos en cuenta que la evaluación a agentes fiscales no se había realizado hace siete años. El último proceso se realizó en el 2013. Por mandato constitucional esa es una actividad que le compete al Consejo de la Judicatura. Pero se tiene previsto hacer lo mismo con todos los servidores de la Función Judicial que actualmente llegan a los 16 000.
¿Esta evaluación obedece a que la Judicatura encontró irregularidades en la actuación de fiscales?
En este caso no lo estamos haciendo por irregularidades, sino porque es necesario demostrar a la ciudadanía que el país cuenta con fiscales probos, eficientes y comprometidos con su rol de investigadores de los distintos delitos en materia penal.
¿Cuánto tiempo tomará esta evaluación?
El tiempo previsto para este trabajo es de ocho meses.
¿En qué consistirá este proceso de valoración?
En la metodología se establecerán dos tipos de parámetros: cualitativo y cuantitativo. El primero permitirá conocer cómo ha sido el desempeño de los fiscales con relación a las noticias de delitos que recibieron y en el segundo punto se evaluará la capacidad investigativa, instrumentación jurídica y cómo sustentan los expedientes en las audiencias. Hay otros dos aspectos que se tomarán en cuenta, pero no tendrá puntuación: la legitimidad y la transparencia.
¿Quiénes intervendrán?
Se realizará en conjunto con la Fiscalía General, la cual proporcionará la información para evaluar esos parámetros. Además se encargará de diseñar y desarrollar un sistema informático en coordinación con la Judicatura.
¿Cómo se obtendrá la información con la que se impondrá la puntuación?
La Fiscalía cuenta con un sistema informático del cual se trasladará la información que se necesita y automatizadamente se obtendrán el número de causas que tiene cada agente y el estado procesal. Los tribunales de evaluación también harán visitas in situ para verificar los expedientes físicos. La Dirección de Talento Humano analizará y tabulará los resultados y ahí se emitirán los puntajes. Pero esto no implica que se vaya a paralizar el servicio.
¿Cuál es la calificación mínima que deberán obtener los funcionarios?
Cuando esté aprobado el reglamento se establecerán todos los detalles respecto a esta operación, incluidos los puntajes mínimos que deben alcanzar los evaluados.