Entrevista a Ángel Torres, Defensor Público. Foto: cortesía.
¿Cómo ve la situación de la violencia en el país?
Las atenciones en la Defensoría Pública han subido. En el 2018 defendimos a 7 000 personas y en el 2019 pasamos a 20 00. De enero a octubre de este año hemos atendido a 17 300. De esta cifra, 14 068 fueron contravenciones de violencia contra la mujer. Es decir, el 80% de los pedidos de atención tiene que ver con violencia de género y en el núcleo de la familia. Vamos a desagregar más: 1 825 casos fueron por delitos contra la integridad sexual. 56 casos, por delitos contra la inviolabilidad de la vida
¿Qué significan esas cifras?
Nos muestran la magnitud del problema que parece crecer desde el 2018. Vemos que las víctimas se multiplican y sobre todo son mujeres.
¿Cómo ha sido la atención para estas personas?
Tenemos 102 defensores especializados en el trabajo con las víctimas. Trabajamos también con un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos y trabajadores sociales. Con este equipo se busca brindar atención integral a las víctimas. Además, tenemos un eje de atención y otro eje de prevención. En el eje de atención, damos asesoría y representación legal a las víctimas. En el eje de prevención, usamos programas de capacitación para prevenir la violencia. Hacemos campañas para concientizar sobre los derechos. Y siempre estamos exhortando para que la gente denuncie.
La Policía y la Fiscalía dicen que hay menos denuncias. ¿En el caso de la Defensoría Pública también se ve ese fenómeno?
Sí, este año las denuncias han caído. En parte, el problema de las denuncias es que hemos visto que las víctimas conviven con el agresor. Son vigiladas todo el tiempo. Por eso nos hemos activado todos los días, las 24 horas, para que la gente denuncie en las unidades de flagrancia.
¿Qué pasa si la gente no puede ir allá?
Hemos creado un formulario que está en la página Web. La gente puede descargar y una vez que nos enviaban asignamos un defensor. Hay muchas mujeres que no pudieron denunciar en los primeros días de la cuarentena, pero nosotros estuvimos allí para poderlas acompañar.
En el tema de la violencia criminal o la delincuencia común, ¿Cómo ve usted? ¿Hay incremento de casos?
Entre marzo y junio tuvimos 10 032 patrocinios en flagrancia. 3 192 por delitos como robos o hurtos. Para nosotros, lo importante es no cerrar las puertas a las víctimas. Es decir, durante el confinamiento no hemos dejado de atender. Tenemos 194 puntos de atención. Eso es importante, hay que defender el acceso a la justicia para que la gente pueda confiar en el sistema.
¿Entonces, la delincuencia aumentó?
En general se ve un nivel más alto de violencia, pero las cifras dicen que es menos que el año anterior si hablamos de robos o en materia penal. Claro que la gente no siempre denunció. Todavía, pese a que ya nos hemos normalizado un poco más, a las personas se les complica ir y presentar sus denuncias o asesorarse.
¿Qué se puede hacer?
Nosotros tenemos, en el caso de Quito, dos unidades móviles. Son dos vehículos en donde van los defensores y se acercan a los barrios periféricos y barrios pobres. Toda esta semana nos encontramos en Solanda.
¿Cuáles son las necesidades de la gente en estas unidades móviles?
Van desde cosas sencillas, que se pueden solucionar con mediación, hasta temas más graves y complicados en donde se necesita un proceso. En ese caso se les deriva a la oficina más cercana. En promedio atendemos 30 personas al día y lo que más piden es material penal, adolescentes infractores, temas laborales, constitucionales y de violencia de género.
¿Cuántos defensores tiene la institución?
734 defensores públicos a nivel nacional.
¿Esto es suficiente?
Tenemos un déficit de 146 defensores públicos, pero hacemos todo el esfuerzo para brindar los servicios. Además, contamos con el apoyo de los 66 consultorios jurídicos gratuitos, que son constituidos por abogados de las universidades, quienes nos apoyan para atender a todas las víctimas.
¿Qué puede decir sobre la crítica de que a los sospechosos se los defiende para dejarlos libres?
La Defensoría Pública tiene el deber de garantizar el acceso a la justicia de víctimas y procesados, por mandato constitucional. Nosotros garantizamos el normal desarrollo de las audiencias de flagrancia con la presencia de defensores técnicos altamente capacitados. Si no hay audiencia, no hay justicia y si esto sucede, se da paso a la impunidad. Nosotros no administramos justicia, pero velamos por el respeto al debido proceso y los derechos humanos de todas las personas.
