7 de September de 2011 00:01

Emergencia avala los contratos directos

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La convocatoria fue urgente y a primera hora. Ayer, los tres vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) se presentaron ante los periodistas a las 08:30 y allí justificaron el estado de excepción que el presidente Rafael Correa decretó el lunes para la justicia.

Este mecanismo permitirá al organismo realizar contrataciones de forma directa. El presidente del CJT, Paulo Rodríguez, reconoció este procedimiento aunque hizo aclaraciones: “Habrá invitaciones directas. Todo será transparente. Lo único que permite (la emergencia) es hacer expeditas algunas partes del proceso”. En el artículo 57 de la Ley de Contratación Pública se determina que estos contratos se realizarán bajo la responsabilidad de la máxima autoridad contratante.

Washington Moreno, quien es presidente de la Federación nacional de observatorios al sistema de justicia del Ecuador, dice que las emergencias siempre implican riesgos. “Observamos que cuando se han decretado estados similares se manejan arbitrariamente, pero en el proceso se puede hacer un seguimiento por parte de los ciudadanos. Hay que estar pendientes de ello”.

¿Cuánto se invertirá dentro del estado de excepción? Rodríguez asegura que no se puede cuantificar, pero indicó que para lo que queda del año tienen previsto invertir USD 108 millones. El 40% será para infraestructura, el 30% tecnología y el resto para modelo de gestión y talento humano.

Rodríguez insistió en que hay la necesidad de crear más unidades de justicia para atender causas de la niñez. “Antes del 26 de enero tendremos las suficientes oficinas para este ámbito”.

Según la Ley de Contratación Pública, en emergencia incluso se podrá contratar con empresas extranjeras sin requerir requisitos previos de domicilio ni de presentación de garantías. Esto se cumplirá -según la normativa- una vez suscrito el contrato.

En el párrafo siguiente se indica que una vez superada la situación emergente, los contratantes publicarán en el portal de compras públicas un informe detallado de los procedimientos realizados.

No obstante, el legislador Leonardo Viteri refuta los procesos y dice que las emergencias emitidas en esta administración “no han mejorado las cosas”.

La declaratoria causó temor entre los funcionarios judiciales. Por ello, la misma tarde del lunes, el presidente de los empleados de Pichincha, Jorge Ayala, se reunió con el director del Consejo Transitorio, Mauricio Jaramillo.

El dirigente dijo que en la cita el Director explicó que la emergencia “es para garantizar recursos para mejorar la tecnología, informática y evacuación de procesos que están estancados” y que eso tranquilizó al sector.

De hecho, en el Decreto 872 se indica que la declaratoria obedece, entre otras cosas, a evitar “una inminente conmoción interna”.

El director de Criminología de la Universidad Central, Manuel González, advierte que en el país no hay, ni se proyectó conmoción por temas judiciales. “Más bien es un mecanismo de orden político para hacer lo que quieren hacer”.

No obstante, la vocal de la Judicatura, Tania Arias, advierte que la “deplorable condición en que se atiende al público justifica plenamente” la emergencia.

Ayer, este Diario ingresó al archivo central del Palacio de Justicia y constató que los cuerpos legales están amontonados en el piso y en las gradas de la oficina.

El anterior Consejo de la Judicatura tenía previsto implementar el sistema informático en todo el país. Según el Boletín número 4 que el CJ difundió en septiembre del 2010, estaba planificado, por ejemplo, supervisar la instalación y configuración de tres redes informáticas en Pichincha, Esmeraldas, Morona, Chimborazo y 11 provincias más. Entre otras cosas, el plan contemplaba la instalación del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) en Orellana, Morona, Napo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena y Galápagos.

El presupuesto referencial para estos subproyectos en el 2010 fue de USD 4 743 018.

Oswaldo Domínguez señaló que el proceso quedó inconcluso. “En Azuay se avanzó un 80%, en Cañar 50%, Pichincha 40%, Tungurahua 60% e Imbabura 50%. Pero en la Costa no se avanzó ni el 10%”. El trabajo se priorizó a los juzgados civiles, aunque faltan las jurisdicciones penales”.

Algunos estados de excepción suscritos por el Gobierno a escala nacional durante cuatro años y medio de gestión

Enero del 2007. Desde el primer año de Gobierno, el presidente de la República, Rafael Correa, declaró la emergencia vial en el Ecuador y emprendió la ejecución de importantes obras.

1 2 de marzo del 2007. El Régimen firmó el Decreto que viabilizó la ayuda extrapresupuestaria para cubrir las necesidades en los hospitales: equipos, contratación de personal médico, etc.

Marzo del 2008. El Gobierno suscribió el estado de excepción en las áreas de infraestructura y logística de la Policía. También creó la Unidad Ejecutora del Plan de Seguridad Ciudadana.

Rehabilitación. Un presupuesto de USD 40 millones asignó el Gobierno como parte de la segunda emergencia carcelaria, en el 2010. En el 2007 pasó lo mismo y destinó el mismo presupuesto.

Puntos de vista

Gustavo Medina. Jurista
'La consulta no fue suficiente'
Los 18 meses resultarán insuficientes para la reforma si es que no entraña solo el cambio de personas y más bien comprende acciones como una adecuada administración y establecer una justicia especializada en materia constitucional. Además, acometer una sustancial reforma de carácter legal y asegurar la autonomía financiera. Mi criterio está dado por el Decreto, creo que los miembros del Consejo se han percatado de la gravedad en el cargo que han recibido y que las reformas constitucionales y legales de la última consulta popular no les eran suficientes para cumplir ese encargo.

Milton Castillo. Constitucionalista
'Se disminuyen los derechos'
Es importante considerar que un estado de excepción por sus características implica la disminución de las garantías constitucionales de las personas. El Decreto, en el caso de la movilización, apunta a disminuir los derechos de los servidores judiciales, su derecho a la estabilidad en sus cargos. Con ello es vulnerable, en este caso se podrán hacer los cambios que se requiera en el personal y nadie podrá hacer reclamos. Significa que podrán ponerlos de un lugar a otro. Un juez, por ejemplo, de Machachi, se movería a Quito sin problemas y si se niega podría perder su trabajo por ese estado.

Ricardo Camacho. DD.HH.
'Es exagerado el Decreto'
De acuerdo con la Constitución ya no existe el estado de emergencia, sino el de excepción tipificado en el artículo 164. Este es claro y señala que el Presidente de la República podrá decretarlo en caso de agresión, conflicto armado internacional, grave conmoción interna, calamidad pública o desastres naturales. Si bien en el sistema de justicia hay un grave problema de manejo no creo que haya sido necesario y me parece exagerado, por parte del Presidente del Consejo, solicitar la declaratoria porque no reúne los requisitos establecidos en ese artículo.

Enrique Tamariz. Docente
'Puede servir para encubrir'
Lo ocurrido es inédito en la historia del país y no comparto el criterio jurídico de quienes asesoran al Presidente de la República para que pueda elaborar un Decreto de esa naturaleza. Esperemos que esta declaratoria no interfiera en la designación de los 21 magistrados titulares y los 21 conjueces. Que sea absolutamente transparente para garantizar la independencia de la Función Judicial que hoy ha quedado seriamente afectada con este procedimiento insólito. El estado de excepción puede servir de paraguas para encubrir muchas cosas.

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