Junior R., cabecilla de una banda delictiva que opera en el Ecuador, obtuvo en menos de dos meses dos resoluciones judiciales a su favor.
El 15 de diciembre del 2022, Junior R. salió de la cárcel Regional de Guayaquil, pues un juez dispuso su prelibertad tras cumplir el 40% de su pena.
Sin embargo, la libertad le duró poco tiempo. Horas después de salir de la cárcel, la Policía lo detuvo junto a más de 30 personas. Esas detenciones se dieron porque, según la Policía Nacional, ellos portaban armas de grueso calibre.
Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde les formularon cargos por el presunta participación en el delito de tráfico ilícito de armas y municiones. A Junior R. le dictaron prisión preventiva y volvió a la cárcel.
Sin embargo, el 3 de febrero del 2023 se conoció que el fiscal Julio Sánchez decidió no acusar penalmente a Junior R. del delito de tráfico de armas. El funcionario emitió un dictamen abstentivo para él y otros 12 procesados.
Tras esa decisión del fiscal, una jueza de Daule, dictó el sobreseimiento y ordenó la libertad de esas 13 personas, incluido el cabecilla. “Se dispone girar la boleta de excarcelación a fin de que se los ponga en inmediata libertad”, señala la notificación judicial.
El presidente Guillermo Lasso reaccionó ante la decisión de ese fiscal y de la jueza. Por medio de un mensaje a la Nación, el Primer Mandatario dijo: “Un fiscal corrupto y una mala jueza pretenden liberar a uno de los delincuentes más peligrosos del país: ‘Junior R'”. Aclaró, además, que el Gobierno del Ecuador “no va a permitir que un sujeto con historial delictivo tan grande y sangriento abandone la cárcel”.
¿El Ejecutivo puede impedir una orden judicial?
El experto en Derecho Penal, Mauricio Pacheco, considera el Presidente “no tiene la potestad legal de impedir que se cumpla la resolución de un juez”.
“Más allá de que nos guste o no la decisión de un juez, el Gobierno no puede interferir por un principio de división de poderes y debe acatar lo que ordenan los jueces. De lo contrario, se trastocaría todo el ordenamiento jurídico y se convertiría en un régimen autoritario”, señaló Pacheco.
Ese jurista también considera que el camino correcto para anular una decisión judicial o corregir una resolución es la apelación o impugnación en instancias judiciales superiores.
El penalista Pablo Encalada también considera que “uno de los principios básicos del Estado de Derecho es la independencia de poderes”. Eso significa que ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden oponerse a las decisiones del poder Judicial.
Si un magistrado dispone la libertad de una persona y no se obedece esa orden, la detención de aquella persona pasa a ser “arbitraria”, explicó Encalada.
El abogado constitucionalista, André Benavides, opina que el Gobierno no puede bloquear la ejecución de una orden judicial. El experto cita el artículo 83 de la Constitución. Allí se establece que el deber de los ecuatorianos es acatar las órdenes de autoridad competente.
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