Entrevista
Eduardo Jarrín / Experto
El Gobierno anunció la militarización de las cárceles. Pero previamente, los soldados actuaron en las invasiones y cachinerías. ¿Eso frena la inseguridad?
La visión militarista (de este Gobierno) parte del desconocimiento de lo que tiene que ver con la norma constitucional. Allí se dice que FF.AA. son obedientes y no deliberantes. Para poder insertar a los militares en temas de seguridad tendríamos que hacer una reforma a la Constitución. Las FF.AA no están para la seguridad interna del país. De eso se encarga la Policía. El Ejército está encaminado a la seguridad territorial. Los militares incluso deberían pasar por una capacitación.
¿Por qué?
Porque no están capacitados para este tipo de eventualidades (seguridad interna). Ellos están formados para enfrentarse a algo diferente. Por lo tanto, estamos hablando de un doble riesgo. El primero y el más importante es el riesgo jurídico y el riesgo humano para el militar.
Pero a la gente de a pie no le interesa esas cosas, sino tener seguridad.
Nosotros no podemos dejar de lado la parte jurídica. Primero tenemos que empezar a normar, cambiar y adaptar las leyes y para eso está la Asamblea.
Pese a los límites que plantean las normas, este momento Fuerzas Armadas actúan con base en el fallo de un juez. ¿Es válido?
No podríamos hablar de un pronunciamiento dentro del marco jurídico con probidad total. Estamos hablando de sentimientos y afinidades con tendencias políticas. Y la parte jurídica se ha dejado de lado.
Pero ese pronunciamiento avala la acción militar.
Para seguir un patrón de conducta hay que respetar la norma y no podemos ir acomodando cosas a las necesidades. Ejemplo, en virtud de que campea la inseguridad podríamos sacar a la Marina, al Ejército, unir con la Policía y hacer una mezcolanza política, jurídica y civil. Pero no es el punto.
¿Cómo interpretar la posición del Gobierno de acudir a FF.AA. para aplacar el tema de la inseguridad?
Después del 30 de septiembre (cuando explotó la insubordinación policial) estamos hablando de que se ha perdido credibilidad en la Policía. Y en este momento se busca un soporte inmediato en una situación que trata de paliar el problema. En el momento en que hay una discusión entre Ejercito y Policía estamos creando conflictos institucionales y prácticamente hablamos de que la seguridad jurídica se va a menos.
¿Dice que esto es fruto de la debilidad de la Policía?
Mas que eso. Es fruto de las circunstancias del 30-S. En el mandato constitucional se dice que la Policía está obligada a cuidar la seguridad nacional y se vulneró el principio. Por eso, el presidente Correa ha perdido cierto grado de credibilidad en la institución y cree que refugiándose en el Ejército nos puede salvaguardar y tampoco es el punto.
¿A qué se refiere?
El Ejército no es llamado para esto. Los parámetros jurídicos deben ser determinados con base en la necesidad de la gente y tienen que se replanteados con un principio: vivir en paz. Si no nos dan esto no importa si es el Ejército o la Policía quien trabaje. Simplemente queremos seguridad y punto.