Esta es la vivienda que fuera incautada en Esmeraldas, al exgerente de Petroecuador Álex Bravo. Foto: Cortesía
La lista de casos de corrupción es larga. Entre agosto del 2014 y septiembre de este año, la Fiscalía recibió, por ejemplo, 2 461 denuncias vinculadas con peculado. En este año también se abrieron 196 expedientes más por diferentes ilícitos perpetrados por las compras durante la pandemia.
A la fecha, solo 28 bienes inmuebles vinculados a tres tramas están en poder de Inmobiliar, creada para administrar las propiedades del Estado.
¿Por qué ocurre aquello? Para que los bienes ingresen a los registros de la entidad se requiere de una orden judicial, pero este documento no siempre se extiende. Ese dato fue confirmado por Inmobiliar.
Además, en temas de corrupción, el Decreto 503 del 2018 permite al ente custodiar, resguardar, administrar y controlar lo decomisado únicamente en temas ligados a peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y concusión.
En esas cuatro figuras no consta la asociación ilícita (Odebrecht), por la que el exvicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años.
Información oficial muestra que en el país, el exfuncionario es dueño de dos departamentos en Quito y un inmueble en Atacames-Esmeraldas.
En este caso ya se han ejecutado dos de las cuatro fases para la recuperación del dinero: investigación de bienes y pedido a los jueces para que dispongan el inicio del proceso de reparación al Estado. Esa tarea está a cargo de la Procuraduría General del Estado.
¿Adónde pasarán estos activos si no compete a Inmobiliar? “Depende de la decisión judicial”, dice el subsecretario de Administración de Bienes de esa entidad, Ronald Baidal.
Sobre la excoordinadora general del IESS, María Sol Larrea, sentenciada por enriquecimiento ilícito, el trámite para el cobro está avanzado. Se embargaron un departamento en el Quito Tenis, un consultorio, terrenos en El Empalme (Guayas) y 300 joyas.
La venta de propiedades
Para rematar los bienes incautados se requiere que las sentencias estén en firme.
De los tres procesos que tiene Inmobiliar, solo uno se halla en ese nivel. Se trata del caso Oro Negro o Petroecuador.
Este expediente se inició tras la detención de funcionarios de la estatal petrolera en 2016 y terminó un año después con sentencias por lavado de activos en contra de Álex Bravo, exgerente de la petrolera; y Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos, entre otros procesados.
En la resolución, los magistrados desecharon todos los recursos presentados por la defensa y ordenaron el comiso.
Ahí constan tres oficinas ubicadas en sectores de alta plusvalía en Quito y sus valles.
También están seis propiedades en urbanizaciones de Guayaquil y Samborondón, dos casas y un terreno en Esmeraldas y un lote de 10 000 metros cuadrados en la provincia de Orellana. Hay unos que superan los USD 200 000.
En este momento se realiza el cambio de domino en los Registros de la Propiedad, para el posterior remate.
El cálculo del precio inicial para la subasta se hace con los certificados de los avalúos municipales. Hay bienes que por su estado o daños internos se deprecian. Estos, además, tienen deudas por servicios básicos, alícuotas, impuestos prediales o por gastos administrativos que se deben cubrir antes de que salgan a la venta.
En cambio, en el caso Diacelec (derivado de Odebrecht) ya hubo una primera sentencia en la que se ordenó el comiso, pero los procesados interpusieron una apelación.
Las investigaciones determinaron que los imputados por el delito de lavado de activos tenían casas de tres pisos, departamentos, bodegas y estacionamientos. Todos en Quito.
A pesar de que no se los puede vender, estos bienes también están bajo la administración de Inmobiliar.
Esa entidad además custodia lo decomisado en el denominado caso Engranaje, que se hizo público este año, tras la caída de la avioneta en Perú.
Allí viajaba Daniel Salcedo, procesado por casos de corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil. Una oficina, un departamento, una casa y un terreno fueron incautados por los agentes investigadores, pero no pueden pasar a nombre del Estado hasta que finalicen todos los expedientes penales.
Estos todavía se encuentran en marcha en las unidades judiciales de El Oro.
