Tres temas propuestos en el veto parcial del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal (COIP) no fueron acogidos por los asambleístas del oficialismo.
La Comisión de Justicia de la Asamblea elaboró ayer el informe que presentarán al Pleno. La votación se prevé para el próximo martes.
Después de dos reuniones del bloque, los legisladores decidieron que recomendarán al Pleno de la Asamblea la ratificación de cuatro artículos en los que el presidente Rafael Correa había solicitado cambios.
El informe en la mesa de Justicia fue aprobado con ocho votos a favor y dos en contra.
El primer tema que causó polémica es el de la penalización de la no afiliación de los empleados a la Seguridad Social.
El veto presidencial consideraba que esta infracción debía considerarse como un delito y sancionarse con uno a tres años de privación de libertad.
Sin embargo, los legisladores pedirán al Pleno que se ratifiquen en el texto aprobado el 17 de diciembre pasado; es decir, que se considere como una contravención, sancionada con uno a siete días de cárcel.
Marcela Aguiñaga (AP) aseguró que tipificar la no afiliación al IESS como un delito podía perjudicar a amas de casa y pequeños emprendedores, por ejemplo. “Hay que considerar que hay una notificación. Si después de eso no afilia (en 48 horas), se considera como una contravención penal”.
Otro tema del veto que causó controversia fue el de la restricción de las medidas alternativas a la prisión preventiva para las embarazadas.
En este caso, la mesa de Justicia también se ratificó en que las mujeres en estado de gestación puedan recibir arresto domiciliario (art. 537).
También, en que las mujeres que han dado a luz puedan comenzar a cumplir su pena 90 días después del parto.
El tercer tema que no acogerán los legisladores es que las medidas cautelares sobre bienes relacionados con el delito de terrorismo y su financiación pueden ser levantadas, en casos de homónimos o si se comprueba que no están vinculados con el delito.