Diana Salazar asegura que ella no persigue a personas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Entrevista a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Ella denunció a la jueza Paola Dávila por revocar la prisión preventiva a Iván Espinel.
¿Cómo mira la UAFE que el exministro Iván Espinel esté en libertad?
Para declarar la revocatoria de la prisión, la jueza Dávila debía cumplir con los requisitos del artículo 534 del Código Penal. Allí se dice que se dictará la revocatoria cuando se hayan desvanecido los elementos que motivaron esa prisión preventiva. Sería bueno que la jueza diga qué elementos se desvanecieron. Ojo, que cuando se revoca se supone que ya no se debe poner otra medida alternativa.
Pero al señor Espinel se le ordenó que se presentara periódicamente y que use un dispositivo electrónico. ¿Usted piensa que en este caso se aplicó mal la figura de la revocatoria?
Se maquilló bajo la figura de la revocatoria una sustitución de la prisión preventiva. La jueza sustituyó la medida y esta sustitución está prohibida por la ley. El artículo 76 de la Constitución dice que las resoluciones deben ser motivadas, pero para que eso ocurra debía hacerse un análisis. Y eso no ocurrió. La jueza se basó en que se ha garantizado la presencia del procesado, pero no se ha mencionado sobre el desvanecimiento de los indicios del procesado.
¿Se han desvanecido esos indicios?
No se han desvanecido, y no lo dice la directora de la UAFE. La misma jueza en su resolución no dice qué se ha desvanecido. Pero dice que no es necesaria la prisión. Debió haberse atrevido a decir que se desvanecieron los elementos y ahí sí era una discusión a otro nivel, porque nos hubiera tocado demostrar que eso no es cierto. Ahí sí hubiera sido legal la revocatoria.
Entre los argumentos que utilizó la jueza Dávila para la revocatoria está que no existe peligro de fuga. ¿Es viable aquello?
La jueza debe garantizar que el procesado asista a todas las etapas procesales, porque si no es así, ¿sabe qué va a pasar? Habrá impunidad.
¿Cuál sería el precedente que deja este caso?
El mensaje es claro: las cárceles están llenas de pobres. Porque si yo no tengo la capacidad económica para contratar a los abogados que logran que se produzca una revocatoria, sin cumplir con los requisitos de la ley, me voy a morir en la cárcel.
La doctora Dávila habla de una injerencia en la justicia por parte de la Judicatura, ente que la suspendió. ¿Es así?
Yo no podría referirme a las decisiones que toma un organismo autónomo como el Consejo de la Judicatura. La UAFE lo que hizo es poner una denuncia para el conocimiento de la autoridad máxima y detallar los hechos que habíamos podido evidenciar. La Judicatura debió haber visto algo en esa denuncia y por eso tomó la decisión.
La jueza dice que existe una persecución en contra de ella por parte de usted.
Jamás. Yo no persigo a personas. Lo que pedimos fue que se adoptaran las medidas que sean pertinentes para que este tipo de actos no se queden en la impunidad.
¿Usted respeta la decisión de la jueza?
Por supuesto, tengo que respetarla porque es la autoridad judicial. No me queda de otra, yo no puedo decirle al señor Espinel no salga de la cárcel. Pero tampoco podemos dejar en la impunidad esta clase de hechos. No podemos darle un premio a la señora. ¿Qué pretendía, que le mandemos una carta de felicitación y decirle que está bien? Es una obligación con la ciudadanía actuar conforme a lo que dice la ley. No podemos burlarnos de la ciudadanía. Esto es una burla.
