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Pocos detenidos por los ataques violentos en el paro nacional

El jueves 23 de junio del 2022, policías en Pastaza realizaron una minga para recuperar parte del cuartel destruido. Foto: cortesía

En 12 días de manifestaciones a escala nacional se contabilizaron cerca de 3 700 disturbios y ataques violentos. El balance oficial detalla que en esos incidentes se detuvo a 121 personas, sin embargo, en los episodios de extrema violencia no hubo detenidos.

Ese fue el caso de las agresiones que sufrieron 17 militares en San Antonio de Pichincha, una zona ubicada en el acceso norte de Quito.  

Los uniformados fueron atacados con armas de fuego, golpeados y sus vehículos fueron incendiados por una turba de desconocidos. La Policía lo calificó como una emboscada y se sospecha que detrás estuvieron grupos delictivos camuflados como manifestantes.  

A pesar de toda la información que tienen, no pudieron detener a una sola persona. Lo mismo ocurrió con el ataque al cuartel policial de Puyo, en Pastaza.

Desconocidos destruyeron las instalaciones, incendiaron patrulleros y motocicletas, robaron armamento de dotación, golpearon a policías, pero tampoco hubo detenidos.  

La Fiscalía no ha identificado ni procesado a los agresores de su edificio, en la avenida Patria, en el norte de Quito. El miércoles 22 de junio, personas que estaban en las manifestaciones ingresaron, destruyeron la entrada, las ventanas y oficinas. Incluso, expedientes de procesos judiciales resultaron afectados. 

Las dificultades 

La respuesta principal es la falta de agentes. Los cálculos policiales señalan que en cada evento violento los manifestantes han actuado en masa y superaban en número a los policías. Además, se tapan los rostros y se cambian de ropa frecuentemente. Eso ha dificultado que sean capturados.  

Una de las estrategias de la Policía para las detenciones es la infiltración de agentes de civil en las manifestaciones. Así logró detener el viernes a cuatro personas en las inmediaciones de El Arbolito, cuando intentaban huir después de lanzar adoquines y piedras a los que custodiaban la Contraloría.  

Esta institución, que ya fue atacada en las protestas de 2019, también sufrió daños. La Policía tampoco pudo detener a los implicados, pero afirma que eso no significa que quedarán en la impunidad.  

En la Fiscalía se han presentado 23 denuncias penales por delitos como terrorismo, porte de armas, agresiones a bienes públicos, etc. Esos procesos tendrán una investigación previa.

Parte de esas indagaciones será revisar cámaras de videos de las entidades públicas y de las vías cercanas. Con esas imágenes se podrá identificar a los agresores. Ese mismo método se utilizó para procesar a personas en 2019, pero luego recibieron la amnistía por parte de la Asamblea.  

La falta de policías no solo afectó en Quito. En Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo también se han dado actos criminales sin detenidos.

Uno de los más graves y que pudo atentar contra la vida de miles de personas fue la contaminación de las fuentes de agua de Ambato. La Policía y la Fiscalía continúan rastreando a los responsables. La ciudad estuvo al menos dos días sin el servicio.

En Pastaza se han registrado tomas de pozos petroleros, incendios de viviendas en comunidades y cierres de vías. En ninguno hubo detenidos. Lo mismo ocurrió con la toma de la subestación eléctrica de Tisaleo. 

Guillermo Lasso decreta la terminación del #estadodeexcepción en seis provincias de #Ecuador » https://bit.ly/3A4ruwZ

Posted by El Comercio on Saturday, June 25, 2022