Entre los procesados que fueron capturados por soldados del Ejército Ecuatoriano y la Policía Nacional este 12 de octubre del 2019, hay dos mujeres y cuatro adolescentes en el edificio de la entidad ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Tarqui, en el centro norte de Quito. Foto Fiscalía General
La Justicia dictó prisión preventiva en contra de 14 personas por presunto delito de actos de terrorismo, tras los sucesos registrados el sábado, 12 de octubre del 2019, en la Contraloría General del Estado.
Para las otras 13 personas se ordenó la presentación periódica dos veces por semana. La Fiscalía formulo cargos este domingo contra 27 personas.
Inicialmente la Fiscalía había anunciado la detención de 34 presos por la incursión al edificio de la Contraloría que termino con el incendio de las instalaciones en el centro norte de Quito. Nos obstante, este día (13 de octubre del 2019) la entidad señalo que por el suceso fueron arrestados 27 adultos y 6 adolescentes.
La cita judicial se desarrolló en una dependencia judicial, en el norte de Quito. La diligencia inició a las 10:00 de este domingo con la presencia de los capturados. La fase de investigación abierta o instrucción fiscal durará 30 días.
Según el Código Integral Penal (Art.366), ese ilícito es sancionado con cárcel de 10 a 13 años. La entidad advirtió que actuará de forma implacable ante estos actos de violencia.
El grupo de adolescentes enfrentan una investigación por el mismo delito. El juez aceptó el pedido de la Fiscalía y ordenó el internamiento preventivo en el centro de menores Virgilio Guerrero, en la capital.
Oficinas, sistemas electrónicos, áreas de servicios y vehículos fueron destruidos por un grupo de encapuchados que asaltó las instalaciones de la Contraloría. Aprovecharon las protestas de los pueblos indígenas que se manifestaban de forma pacífica para subirse a las barandas de protección que rodean a la institución.
En un video difundido la noche de ayer, el contralor, Pablo Celi, confirmó que los destrozos ocasionados en la Contraloría son cuantiosos, aunque no precisó montos hasta que culmine la evaluación completa de los daños.
Asimismo, Celi señaló que el ataque es un “acto deliberado contra la memoria documental de los procesos de control del país” y que puso en evidencia una “conspiración planificada en contra del ordenamiento institucional y el sistema democrático vigente y detener el juzgamiento y sanción de los responsables del asalto a los recursos públicos que tan severamente afectó a la economía nacional y a la situación social como resultado de la década de arbitrariedad y atropellos que buscamos superar”.
Imágenes de las cámaras de seguridad de la entidad dan cuenta de que un grupo de personas incursionó al quinto piso del edificio desde las 11:00. Allí comenzaron a destruir e incendiar las instalaciones de la Contraloría. De acuerdo con información oficial de la institución, el fuego fue controlado a las 18:00 y no hubo heridos.
La noche del pasado lunes 7 de octubre del 2019, las instalaciones de la Contraloría también fueron atacadas. Cuando la movilización indígena de distintos puntos de la Sierra llegaba al parque El Arbolito, a pocos pasos del edificio, hombres protegidos por una turba que soplaba vuvuzelas y gritaba consignas contra el Gobierno, irrumpieron por el costado occidental del edificio, sobre la avenida 6 de Diciembre.
La Contraloría reveló que una turba ingresó a las instalaciones para “sustraer varios bienes”. El organismo se encarga de auditar el uso de los recursos públicos en Ecuador y de levantar informes con responsabilidad penal, el único documento válido para iniciar investigaciones penales por peculado en los tribunales de Justicia de Ecuador.
En un video difundido en los canales oficiales de la entidad el pasado martes 8 de octubre, Celi afirmó que “es claro que en esta acción no han intervenido miembros de los movimientos indígenas o de organizaciones sociales”.
Además, añadió que el ataque fue ejecutado por “una banda organizada con la clara intención de sustraerse y destruir documentos que sustentan responsabilidades civiles y penales y de investigaciones en marcha”.