El miércoles pasado militares, al parecer relacionados con ‘Guacho’, fueron detenidos. Foto: Archivo / El Comercio
La pistola Pietro Beretta y una alimentadora cargada con siete balas estaban ocultas junto a la palanca de cambios de un vehículo. En ese compartimento se depositaron también cuatro celulares.
El nerviosismo del conductor y de los dos pasajeros alertó a los policías. Según documentos judiciales, la tarde del 17 de julio pasado, los agentes detuvieron la marcha del auto para realizar un control de rutina, en la vía Esmeraldas-Rioverde, cerca de la frontera norte.
Tras hallar el arma automática, los tres ocupantes del vehículo quedaron detenidos. Entre ellos estaba alias ‘Tarci’, miembro de la supuesta organización delictiva que proveía de armas militares a ‘Guacho’.
El pasado miércoles, ‘Tarci’, de 34 años, fue detenido de nuevo en Esmeraldas. En esta operación, denominada Camaleón, la Policía arrestó a siete militares y siete civiles, aunque luego fue liberado un civil.
Esta vez, alias ‘Tarci’ quedó con prisión preventiva, tras ser acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas.
En julio, en cambio, pasó 24 horas en la cárcel. De acuerdo con el expediente que consta en el sistema judicial, la Fiscalía se abstuvo de presentar cargos en su contra por la tenencia de una pistola Pietro Beretta. Ese modelo es usado como arma de dotación para las FF.AA y la Policía. Ese tipo de arma también la pueden adquirir quienes cuentan con el permiso de la Dirección de Control de Armas b
En julio, ‘Tarci’ y los dos ocupantes del vehículo portaban el arma de forma ilegal. Uno de ellos, identificado como Julián Candelo Orobio, aceptó ser el dueño. Ante un juez de flagrancia dijo que había traído la pistola desde su natal Cali, en Colombia, y que la quería “regalar” en Ecuador. “No era para cometer ilícitos”, agregó, pero no explicó por qué la llevaba cargada.
Tras aceptar su responsabilidad, ‘Tarci’ quedó libre, pero el extranjero fue sentenciado a tres años de cárcel.
Su abogado solicitó la suspensión condicional de la pena, un recurso legal que le permitiría recuperar su libertad. El próximo 12 de noviembre se realizará una audiencia en la que un juez debe decidir si acepta o no el pedido de suspender la condena.
Dentro de la red de tráfico de armas en la frontera norte, otro de los detenidos también logró evitar una sentencia. Se trata de alias ‘Jackson’. En el 2014 fue arrestado y acusado por asociación ilícita. La Policía halló 1,7 kilos de cocaína y utensilios para elaborar esta sustancia en la casa del sospechoso.
Ese año, en la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía lo acusó como autor, pero un juez lo sobreseyó al señalar que no hubo evidencias.
Sobre alias ‘Sobeida’, supuesta cabecilla de la red ilícita, los investigadores sabían que era cercana a ‘Guacho’ y que le había vendido combustible. En enero, a partir del ataque al cuartel de Policía de San Lorenzo, los investigadores conocieron más detalles de la mujer. En los dos últimos meses, la indagación se intensificó. Entre agosto y octubre, los policías llegaron a retenerla.
Esto se dio cuando se realizaban controles en las vías entre Esmeraldas y San Lorenzo. Para ese momento la mujer estaba identificada, pero los agentes reunían más evidencias. Uno de los investigadores cuenta que cuando la veían movilizarse en algún auto hacían que parara. Pero cada vez que la registraban y revisaban determinaban que no portaba armas ni municiones.
Ahora, lo agentes conocen que ella, por seguridad, enviaba el armamento para alias ‘Guacho’ a través de terceras personas. Según el fiscal del caso, Álvaro Gaybor, las pesquisas contra esta organización seguirán los próximos 90 días. En este tiempo no se descarta que más sospechosos sean vinculados. Ahora se analiza si otros casos sobre decomisos de armas en esa provincia están relacionados.
Uno de estos hechos ocurrió el 11 de octubre, seis días antes de que fuera desarticulada la organización de ‘Sobeida’.
El operativo se realizó en la ciudad de Esmeraldas.
Esa vez, los agentes de la Policía Judicial interceptaron a 11 personas que se movilizaban en cuatro vehículos. Dentro se encontraron cinco pistolas marcas Beretta y Sig Sauer y 64 balas calibre 9 mm. Los sospechosos portaban uniformes policiales y militares y un inhibidor de señal telefónica.
Entre los 11 hombres se encontraba un mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y un policía en servicio pasivo. Este último fue sentenciado en el 2012 a cinco años de cárcel por robo, pero en el 2014 recuperó su libertad, tras la vigencia del Código Penal que redujo las penas para el robo simple.
En el expediente judicial se indica que este policía, entonces en servicio activo, interceptó un camión en la vía Daule-Molleturo y mediante amenazas con un arma de fuego robó el vehículo y la mercadería. Hace dos semanas, tras permanecer 24 de horas detenido, un juez ordenó su libertad. Lo mismo ocurrió con los otros 10 sospechosos.