Para aplacar a la inseguridad, los legisladores echan mano de la misma estrategia: realizar ajustes al Código Penal, con endurecimientos de penas.
La fórmula es tan habitual que hasta tiene sobrenombre: “pirotecnia legislativa” o “populismo penal”. Resultado: incremento de penas inversamente proporcional a la capacidad para capturar a inculpados. Eso convierte en irrelevante el aumento de penas.
¡Solución! Legisladores que, ante la escalada del crimen, dan más atribuciones discrecionales y sin contrapesos a policías, a fiscales y, a la postre, a militares. Resultado: espiral de violencia e impunidad.
Este análisis corresponde a México y ha sido motivo de estudio en estos días en un diplomado de crimen organizado dirigido a decenas de periodistas de América Latina, impartido por la UNAM.
La sensación entre los cursantes es que la realidad mexicana no es tan distante como dicen de la del resto de países de la región. Razones no faltan. El Centro de Investigación para el Desarrollo, de México, da cuenta de que en Ecuador cada año se reportan 18 homicidios por 100 000 habitantes, frente a 10 homicidios por 100 000 habitantes que registra México.
Ahora que en Ecuador hay voces que apuntan a otra reforma penal como remedio para la inseguridad cabe plantearse: ¿de qué servirá? ¿La ley reducirá el sicariato?
Que la solución es la educación, empleo, inversión en servicios, etc. Sí. Pero en manos de los legisladores también está reformar las estructuras. Urge la depuración de los operadores de Justicia (policías incluidos). Y eso supone edificar sistemas honestos, proteger a víctimas, tratar a acusados con la Constitución, rehabilitar a presos, reinsertar en la sociedad a sentenciados libres, etc. Un cambio penal estructural que trascienda a la Ley del menor esfuerzo.