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Cuatro delitos quedan por investigar en el caso Sobornos

Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas, mientras deja la Corte Nacional de Justicia.

Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas, mientras deja la Corte Nacional de Justicia.

Harrison Salcedo, defensor de Jorge Glas, mientras deja la Corte Nacional de Justicia. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Un día después de que el expresidente Rafael Correa y 19 personas más fueran condenadas por cohecho agravado en el caso Sobornos, sus abogados comenzaron a preparar los recursos legales que serán interpuestos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La defensa del expresidente Rafael Correa confirmó que ya tiene preparados los documentos para apelar la sentencia. La idea es que un nuevo Tribunal revoque la condena. “Cuando seamos notificados por escrito ejerceremos nuestro derecho a la impugnación”.

Apenas conoció el fallo, Fausto Jarrín dice haber telefoneado a Bélgica y haber hablado con Correa, su cliente, quien habría expresado su malestar por la decisión tomada. “Él considera que en este caso se cometieron serias irregularidades e ilega­lidades, además de afectar el debido proceso”.

La Fiscalía detalló uno a uno los cargos y las pruebas encontradas en la investigación. “Entre otros elementos, presentamos los testimonios de proveedores que prestaron servicios al anterior Gobierno, que fueron cancelados por empresas privadas”, dijo ayer la fiscal general Diana Salazar, al tiempo de calificar de histórica la condena en este caso.

Ahora, por disposición del Tribunal, la Fiscalía debe investigar cuatro delitos más que se desprenden de este expediente: enriquecimiento ilícito privado y público, peculado, concusión y testaferrismo.

El presunto delito de peculado tiene relación con el alquiler de una oficina privada en el norte de Quito, para que fuera ocupada por la exasesora de Correa, Pamela Martínez.

En la lista de procesados también está el exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera. En la mañana, él escribió un e-mail a este Diario y aseguró que la sentencia es nula y que el Tribunal los condenó por un delito que la Fiscalía General no había acusado ni probado. “Es más, los procesados no pudimos defendernos en la audiencia de juzgamiento”.

El exsecretario jurídico de Correa también apelará el fallo y señaló que están en marcha acciones legales en organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para el penalista Álvaro Román, antes de presentar las acciones judiciales es necesario que se notifique el fallo por escrito. Para ello, el Código Penal (artículo 621) otorga 10 días luego de realizada la audiencia.

Pero con base en su experiencia penal, Román advirtió que eso podría tardar al menos un mes, pues los jueces deben redactar su pronunciamiento, incluir las pruebas encontradas y las motivaciones.

La norma penal establece plazos para la resolución de las apelaciones, pero los procesados tienen otros cinco recursos judiciales a los que podrían recurrir antes de que el fallo quede en firme.

Si aquello no ocurre, ninguna decisión tomada en la Corte Nacional puede ejecutarse.

Jorge Luis Ortega, abogado de Walter Solís, exsecretario del Agua, presentará un pedido de suspensión condicional de la pena. La idea es que su cliente pueda cumplir la pena de ocho años en libertad. “Esto no implica que asumimos la responsabilidad, sino que queremos cumplir con este procedimiento que nos faculta la ley, para que quede en libertad”.

Este recurso se puede presentar dentro de las 24 horas posteriores a la condena. Ortega dijo que por la emergencia sanitaria que vive el país enviará un documento digital.

Pero el Código Penal establece que para acceder a ese beneficio es necesario cumplir cuatro requisitos. Uno de estos es que la persona haya sido condenada máximo a cinco años de cárcel y Solís tiene una sentencia de ocho años.

Solamente Pamela Martínez y Laura Terán, exasesoras de Correa, podrían acceder a este beneficio legal. La primera tiene una sanción de 38 meses y 12 días de prisión y la segunda, a 19 meses y seis días.

El abogado Ortega dijo que también apelarán. “Buscaremos que se analice una mala aplicación de la norma sancionatoria. Queremos demostrar que (Solís) es inocente. Hablé con él y hemos acordado sobre los pasos a seguir, porque el proceso no ha concluido”.

La investigación desarrollada por la Fiscalía General determinó que Solís tuvo “una participación directa en la trama de corrupción y fue gestor de dineros indebidos”.

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