La Defensora del Pueblo (e), Gina Benavides y el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, se reunieron con el Fiscal General. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
La Defensora del Pueblo (e), Gina Benavides y el Defensor Público, Ernesto Pazmiño, llegaron este jueves 17 de mayo a la Fiscalía, en la avenida Patria y 12 de Octubre, para reunirse con el Fiscal General, Paúl Pérez y abordar casos abiertos respecto a criminalización de la protesta.
Los funcionarios señalaron su preocupación sobre los procesos penales abiertos a líderes sociales, especialmente representantes del campesinado.
Según Pazmiño, existirían al menos 13 casos, que involucrarían a cerca de 85 personas.
Además, señaló que habrían 75 personas cuyos procesos están en indagación previa, pero permanecen escondidos porque tienen boletas de captura para investigaciones.
“Hubo una persecución a los luchadores sociales y es necesario que la justicia, ahora con absoluta independencia, resuelva estos casos”, dijo Pazmiño.
Por su parte Benavides resaltó la apertura del Fiscal General y detalló que se analizará cada caso y que se actuará con objetividad.
Los defensores también comentaron que continuarán trabajando de manera integrada para tratar otros temas de importancia como las reformas al Código Orgánico Integral Penal.