Una de cada cuatro personas pagó un soborno en los juzgados en el 2010

Uno de cada cuatro ecuatorianos pagó algún soborno en los juzgados, durante el último año. Esa es una de las conclusiones del estudio ‘Cultura política de la democracia en Ecuador, 2010’, realizado por la Universidad Vanderbilt de Estados Unidos. El documento recoge datos del Barómetro de las Américas, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés).

A ese criterio de corrupción que afecta a la justicia ecuatoriana se suman las quejas por la lentitud y el represamiento de los casos en las diferentes instancias. Según el estudio de la Universidad de Vanderbilt, más del 37% de los usuarios de tribunales o juzgados encuestados en Ecuador se mostró “muy insatisfecho”. El 41,5% no confiaría en la Justicia si fuera víctima de robo o asalto. Y el 25,73% ha tenido que “pagar una coima en los juzgados”.

En marzo del 2010, el Ministerio de Justicia, a través de Projusticia, planteó un proceso de evaluación de jueces de garantías penales y fiscales de todo el país. En Pichincha, por ejemplo, serán valorados más de 40 jueces.

Según Natacha Reyes, directora ejecutiva de Projusticia, esta evaluación se definió a partir de la transitoria tercera del Código de Procedimiento Penal, publicada en el Registro Oficial 160 del 29 de marzo del 2010.

Para esta investigación se contrató a la Universidad de Talca, Chile. Y en diciembre pasado, el Ministerio de Justicia ya entregó un anticipo de USD 200 000, es decir el 20% del costo total.

El objetivo es realizar una auditoría de todo el sistema de justicia. Se evaluará a los juzgados y tribunales de garantías penales, salas penales de las cortes provinciales y de la Corte Nacional de Justicia. A la par se analizará el accionar de cada Juez y Fiscal.

Para esto se revisarán las carpetas de 18 000 procesos, escogidos al azar de entre los delitos de mayor frecuencia. Además se considerarán las carencias en espacios físicos y herramientas para las audiencias y otros aspectos.

Ignacio Castillo, coordinador del equipo de expertos de la Universidad de Talca, indicó que con el análisis de cada caso se determinará cómo actuaron los jueces, los fiscales, los peritos y la Policía Judicial durante el proceso.

Además, según Reyes, “se podrá saber dónde están los nudos que enredan los procesos judiciales. Es decir, qué problemas entorpecieron el normal desarrollo de los diferentes juicios”.

Por ejemplo, en el Tribual IV de lo Penal de Pichincha, de las 478 audiencias convocadas entre noviembre del 2009 y noviembre del año pasado, 213 terminaron en sentencia condenatoria o absolutoria. Pero 285 no se realizaron: 77 fueron por dilatorias de la defensa, 52 por ausencia de fiscal, 59 por falta de testigos, 19 por errores en notificaciones y 12 porque el acusado no fue trasladado desde la cárcel.

Dentro del proceso, cada Juez y Fiscal llenará un formulario de autoevaluación. Al final -dice Reyes- será un parámetro de medición de rendimiento. “No solo para cambiarlos, sino para mejorar todo el sistema”.

Para eso, agregó, se harán observaciones y recomendaciones para mejorar el sistema

Estas evaluaciones debieron empezar en diciembre, pero el proceso sufre un retraso. Reyes aseguró que hasta ayer el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos, no autorizaba el acceso de los técnicos a los diferentes juzgados y dependencias.

De acuerdo con Projusticia, el 12 de enero, mediante oficio No. 00294, remitido a Cevallos, se solicitó la autorización respectiva. Un mes antes al Presidente del Consejo de la Judicatura se le pidió que entregara las estadísticas de los procesos entre los períodos 2005 y 2009.

Uno de los últimos intentos se hizo con una explicación en la reunión del Pleno del Consejo, del 1 de febrero. Allí Benjamín Cevallos se comprometió en autorizar el acceso del equipo consultor a los diferentes juzgados y fiscalías. Pero no se concretó.

Anoche, Cevallos señaló que “estoy analizando (la solicitud) con todo detenimiento, porque quiero estar perfectamente consciente de que si una entidad extranjera que hará la evaluación está facultada para obtener la información que requiere”.

En mayo concluirá el plazo para presentar el informe y por eso hay preocupación en el equipo chileno integrado por nueve expertos en diferentes campos.

Hasta tanto ya mantuvieron reuniones con varias instancias. El lunes lo hicieron con delegados de la Policía Judicial de Pichincha, encabezados por el coronel Rodrigo Beltrán. 

Gonzalo Morales / Presidente Tribunal IV de lo Penal de Pichincha

‘Hay que sujetarse a la evaluación’

No es cuestión de estar o no de acuerdo con el proceso de evaluación, sino de sujetarse a lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, en el que se habla de evaluaciones. Claro que no se dice la forma ni quién evaluará. Es tan complicado el proceso considerando el número de jueces.

La forma de sopesar los méritos, las virtudes y defectos de los jueces va a ser complejo. Todo este procedimiento siempre, como no es perfecto, puede de alguna manera significar actos de justicia o de venganza a determinados niveles con ciertos jueces. Eso hace que uno tenga dudas.

Hoy en el país hay una serie de quejas a todo nivel y la piedra de toque es la administración de justicia. Desde las cosas que yo manejo, tenemos una Constitución, tratados internacionales, Código de Procedimiento Penal y Código Penal para aplicar. En el momento que viene una causa de cualquier naturaleza la sometemos a la luz de esas leyes. Pero si el resultado no le favorece a A o B persona, no es, precisamente, que eso refleja que debe haber una tremenda corrupción en la justicia. Es porque así lo dice la ley y no por lo que imagina el ciudadano.

Se habla de que existe un represamiento de casos. Sin embargo, eso ocurría hasta antes del 2009 en que en Pichincha había solo cuatro tribunales penales. Mas desde entonces se han creado otros cinco tribunales y ahora el despacho de los casos es fluido, no hay tal represamiento.

Quito

Margarita Hernández

Quiere terminar con un contrato

‘No quiero seguir con esa empresa’

Mi esposo recibió una llamada telefónica y nos dijeron que habíamos ganado cuatro gratuidades de hospedaje en un hotel de Esmeraldas. Al principio no aceptamos, pero nos convencieron. Acudimos a un edificio en el norte de Quito para retirar el premio y dos personas de una empresa nos recibieron de forma amable. Ellos nos tuvieron desde las 11:00 hasta las 18:00 haciéndonos preguntas y mostrándonos las supuestas facilidades que brindaban.

Finalmente, cansados, accedimos a firmar un contrato por USD 2 400 con aportes mensuales de USD 68. A nosotros nos correspondía las membresías de los años impares.

Luego, en el internet encontramos que existen bastantes quejas de esta compañía. Por eso, decidimos romper el contrato pero nos dijeron que tenemos que pagar USD 650 de multa. Decidimos seguir un tiempo más, pero no queremos continuar. A más de eso, de la tarjeta de crédito me descontaron USD 400 por el mantenimiento del s hospedaje. No importa el dinero, solo quiero no pagar esa multa . Por eso pongo mi denuncia en la Defensoría del Pueblo.

La propuesta

Mario Vásconez /Arquitecto  e  investigador

 ‘La seguridad es integral’

El tema de la seguridad debe ser entendido   desde una óptica     integral.  Es decir, la sociedad tiene  que resolver   el problema desde una  dimensión política, económica, jurídica, administrativa, educativa, cultural y  social.

Con   esas dimensiones, las acciones que pueda ejecutar    el Estado, los municipios   o la sociedad en general,   tienen que ser más efectivas y deben  basarse en una mayor equidad. Además, todas las  medidas  que se  adopten  para enfrentar a la inseguridad deben  ser sostenibles, eficientes y responsables. 

 Las acciones para afrontar a la inseguridad deben    adecuarse  a la realidad y respetarla.  También tiene que   basarse en la solidaridad y la participación ciudadana para ser más efectiva.

Pienso que la seguridad apunta hacia  una utopía, la cual    tiene que ser el faro al que nos dirigimos y  pensar en que la sociedad puede ser un poco más demodrática, próspera y justa.  

 Finalmente, yo creo que ante una gestión inadecuada del problema de la inseguridad, para que todas  las acciones que tomen lleguen a ser trascedentes en ese espacio,   podríamos definir que en lo político la ciudadanía requiere confianza, en lo jurídico certeza, en lo económico oportunidades y empleo, en lo educativo y cultural una corresponsabilidad de  los actores.

En lo social coherencia y respeto. En  la gestión de las entidades de  seguridad  eficacia.