Los ocho policías que resguardaban la seguridad de 15 000 habitantes en el cantón Cumandá, en Chimborazo, fueron retirados del sitio ‘hasta nueva orden’.
El 12 de julio, ellos no pudieron contener a una multitud de pobladores que destruyó el recinto policial y luego prendió fuego a dos supuestos delincuentes que estaban detenidos en el sitio.
Antonio D, de 34 años, falleció el jueves, en Guayaquil, mientras que José P, de 36, sigue hospitalizado. La comunidad los acusó de robarle 4 000 dólares a Carmen Oliva y del asesinato de un taxista.La orden para la salida de los gendarmes provino de la Comandancia de Chimborazo. Lino Proaño, jefe policial, dijo que cuando el recinto policial sea reconstruido los uniformados retornarán. “Al momento no hay garantías, ni la infraestructura”.
Según Proaño, en los próximos días se entregará un informe a la Comandancia General de la Policía. Con base en ese documento se determinará si hubo negligencia del personal policial de Cumandá, al dejar que los detenidos sean quemados.
También se anunció el inicio de acciones legales en contra de los incitadores del hecho. “Nos es posible que la gente haga justicia por mano propia y peor aún que atente contra la vida de las personas. Eso no quiere decir que defendamos al delincuente”.
Para Proaño la Justicia debe actuar de acuerdo a lo que establecen las normas vigentes. “Eso evitará que los supuestos delincuentes que son detenidos por la Policía salgan en libertad en 24 horas”, dijo. “Los efectivos cumplen su función pero le corresponde a las autoridades aplicar la ley”.
El presidente de la Corte de Justicia de Chimborazo, Luis Miranda, coincide con el jefe policial, pero aclara: “mientras las leyes no sean reformadas o revocadas se debe aplicar su contenido y eso es lo que los jueces hacen”.
Entre enero a junio de este año, en el destacamento de Policía se denunció un asesinato, un homicidio, cinco estafas y cuatro robos a domicilios. También el asalto de un vehículo y cuatro violaciones.
Aunque no hay una cifra exacta, la Fiscalía dice que en la mayoría de casos no existe sentencia.
Frente a estos casos, Miranda recordó que los jueces ya no investigan los casos y que esa responsabilidad es del Ministerio Público. “Si un fiscal no presenta los cargos de responsabilidad de un delito contra una persona, el juez no puede suplir esa deficiencia”.
El juez es el encargado de aplicar la ley. Debe determinar si procede o no a extender una orden de detención, dijo. “En ocasiones los fiscales piden la orden de prisión 10 o 12 días después de haberse cometido un delito y esto va contra la Constitución. Una persona no puede estar detenida más de 24 horas y por eso se niega el pedido de prisión”.
El fiscal Provincial (e) de Chimborazo, Diego Andrade, en cambio defiende al Ministerio Público. Dice que antes de emitir un pedido de detención, el Fiscal realiza una investigación y luego, “es el juez quien toma la decisión final sobre el acusado”.
El jurista Leonardo Velasteguí asegura que esta discusión es una muestra de que el sistema judicial falla, desde su estructura. “Hay parte de culpa en los fiscales y jueces. Ellos necesitan más capacitación técnica. Pero también se debe mejorar el sistema de rehabilitación social y de investigación”.
Andrade reconoció que existe desconfianza de la población en la justicia, pero aclaró que eso “no puede ser un justificativo para cometer actos como los ocurridos en Cumandá. “El detenido o los aprehendidos tienen el derecho a la legítima defensa, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
Para que este principio se aplique, dijo, la sociedad debe seguir las normas establecidas.
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